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El gobierno de Gustavo Petro acumula otro capítulo bochornoso en su ya larga lista de despilfarro, improvisación y desprecio por el dinero de los contribuyentes colombianos. Esta vez el escándalo se registra en Haití, uno de los países más pobres del hemisferio, donde el presidente dejó una deuda millonaria sin pagar tras su visita oficial del 18 de julio de 2025.
La dueña del restaurante Aioli, Viviane Vital-Herne, denunció ante la revista Semana que la Embajada de Colombia en Puerto Príncipe contrató sus servicios para atender a los invitados, decorar el lugar y suministrar la comida durante el evento en la sede diplomática. La factura ascendió inicialmente a 6.095 dólares, cifra que se redujo a 5.691 dólares después de que la empresaria se llevara unas botellas de champaña que sobraron. Nueve meses después, ni la Cancillería ni la Embajada han reconocido ni pagado la deuda, pese a las múltiples cartas enviadas por la dueña del establecimiento.
Viviane Vital-Herne relató que estuvo en la Embajada desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, prestando un servicio completo. «Algunos de los presidentes que estaban allí son personas que también conozco y todos se alegraron mucho de verme. El propio Petro me recibió muy bien. Parecía contento de que estuviera allí», afirmó. Su contacto inicial fue Érika Valencia Rentería, cónsul de Colombia en Puerto Príncipe desde febrero de 2025.
El caso es especialmente grave porque ocurre en medio de una profunda crisis de pasaportes en Colombia, denuncias de «nómina paralela» en la Cancillería y un discurso oficial de «austeridad» y «cambio». Mientras el gobierno recorta presupuestos en seguridad, salud e infraestructura dentro del país, en el exterior deja cuentas pendientes por banquetes y eventos protocolarios. La Imprenta Nacional y la Cancillería han defendido otros contratos internacionales millonarios (como el de los pasaportes con Portugal y Francia), pero parecen incapaces de honrar una factura relativamente modesta de un restaurante haitiano.
La empresaria ha insistido en que el servicio fue solicitado con cotizaciones previas y que se cumplieron todos los requerimientos. Sin embargo, la Cancillería ha respondido con argumentos burocráticos, sugiriendo incluso que el valor se triplicó sin acuerdo previo. La realidad es más sencilla y vergonzosa: el gobierno Petro, que llegó al poder prometiendo ética y transparencia, vuelve a demostrar que maneja los recursos públicos con la misma ligereza con que acusa a otros de corrupción.
Este incidente no es aislado. Forma parte de un patrón sistemático de improvisación y despilfarro que ha caracterizado la gestión exterior del petrismo: embajadas con presupuestos inflados, consulados con baja productividad (el de Haití tramitó apenas 8 pasaportes, 36 actos notariales y 396 visas en su primer año de operación plena) y una diplomacia más preocupada por gestos ideológicos que por resultados concretos y responsabilidad fiscal.
Mientras los colombianos de a pie enfrentan demoras eternas para obtener pasaportes, inseguridad creciente y un sistema de salud colapsado, el gobierno deja deudas pendientes en el exterior por eventos protocolarios. La dueña de Aioli, una empresaria haitiana que confió en la palabra de funcionarios colombianos, ahora se ve obligada a reclamar públicamente una cuenta que debería haberse pagado hace meses.
El petrismo llegó prometiendo «poner a Colombia de pie» y «recuperar la dignidad». En la práctica, deja facturas impagas en países pobres, genera escándalos diplomáticos y demuestra una vez más que su discurso de austeridad es solo retórica para el consumo interno. Los contribuyentes colombianos terminan financiando no solo la ineficiencia interna, sino también el desorden administrativo en misiones en el exterior.
La Cancillería y la Embajada en Haití tienen ahora la obligación moral y legal de responder. No se trata solo de 20 millones de pesos. Se trata de la imagen del país y del respeto que merece cualquier proveedor que confía en la palabra del Estado colombiano. Si el gobierno Petro no paga esta deuda, confirmará lo que muchos ya sospechan: que su administración es experta en prometer, gastar y dejar cuentas pendientes, tanto dentro como fuera de Colombia.
