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El petrismo vuelve a demostrar que para ellos la lealtad ideológica pesa más que la idoneidad, la experiencia y la honestidad. Una acción popular radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia busca frenar el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud, argumentando que el exalcalde de Medellín no reúne los requisitos mínimos para dirigir la entidad encargada de vigilar, controlar y sancionar a todo el sistema de salud colombiano.
Los demandantes, tres ciudadanos que actúan en defensa de derechos colectivos, exponen con crudeza lo que cualquier colombiano con sentido común ya sabía: Quintero es ingeniero electrónico especializado en tecnología, innovación y activismo político. Nunca ha trabajado en salud, nunca ha administrado una EPS, nunca ha regulado un hospital ni ha intervenido una aseguradora. Su trayectoria no guarda la más mínima relación con las funciones técnicas, regulatorias y de control que exige la Superintendencia de Salud.
Pero el problema no es solo de falta de experiencia. Es mucho más grave. Quintero enfrenta un proceso penal en etapa de juicio por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato en el caso conocido como Aguas Vivas. Además, la Procuraduría General de la Nación le impuso una sanción disciplinaria que incluye inhabilidad para ejercer cargos públicos. Aunque esa decisión está en revisión ante el Consejo de Estado, la sanción sigue vigente y genera serias dudas sobre su capacidad legal para ocupar el cargo.
A esto se suma otro elemento preocupante: antes de ser nombrado, Quintero ya había prejuzgado públicamente a las EPS, especialmente a Sura, con declaraciones que los demandantes consideran incompatibles con la imparcialidad que debe tener quien vigila y sanciona a esas mismas entidades. En un sistema de salud que ya atraviesa una crisis profunda, con intervención ilegal a Nueva EPS, deuda creciente y millones de afiliados afectados, poner al frente a alguien que llega con posiciones políticas previas contra las aseguradoras es, según los accionantes, un riesgo directo para la moralidad administrativa y la adecuada prestación del servicio de salud.
La acción popular solicita la suspensión inmediata del nombramiento y medidas cautelares para evitar daños irreversibles a los derechos colectivos. El Tribunal Administrativo de Antioquia deberá decidir si admite la demanda y si decreta las medidas provisionales mientras resuelve el fondo del caso.
Este escándalo no es un error aislado. Forma parte del mismo patrón que ya vimos con el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de Nueva EPS, un exalcalde con 11 procesos penales por corrupción. El petrismo insiste en colocar en posiciones clave del sistema de salud a políticos leales pero altamente cuestionados, sin experiencia técnica y con líos judiciales abiertos. La prioridad no es salvar vidas ni sanear las finanzas de las EPS; es controlar políticamente el sector y avanzar en la agenda de estatización total, cueste lo que cueste.
Mientras millones de colombianos esperan citas, medicamentos y cirugías, el gobierno Petro sigue nombrando a sus aliados más controvertidos para vigilar el sistema que ellos mismos han contribuido a desestabilizar. La demanda contra Quintero no es un capricho jurídico: es un intento ciudadano por defender la moralidad administrativa, el patrimonio público y el derecho a una salud digna frente al clientelismo y la improvisación ideológica que caracteriza al actual régimen.
El Tribunal Administrativo de Antioquia tiene ahora en sus manos una decisión trascendental. Si admite la acción y suspende el nombramiento, enviará un mensaje claro: ni siquiera el petrismo puede colocar a cualquier persona en un cargo tan sensible solo por lealtad política. Si lo deja pasar, confirmará que para este gobierno la salud de los colombianos es secundaria frente al control ideológico.
