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La Corte Suprema de Justicia tiene abiertas cuatro indagaciones previas contra la senadora Isabel Zuleta, una de las figuras más radicales del Pacto Histórico y designada por el gobierno de Gustavo Petro para participar en los llamados «diálogos de paz urbana». El presidente de la Corte, Mauricio Lenis, confirmó la existencia de estos procesos, que ponen en evidencia los peligrosos cruces entre política, instituciones penitenciarias y estructuras criminales bajo la política de «paz total».
La investigación más reciente se centra en presuntas irregularidades ocurridas en la cárcel de Itagüí, donde Zuleta habría tenido un rol que involucra a estructuras criminales en medio de los diálogos exploratorios impulsados por el Ejecutivo. Este caso no es menor: se trata de una prisión de alta seguridad donde operan cabecillas de bandas criminales, y la presencia o influencia de una senadora del petrismo genera serias dudas sobre los límites entre negociación política y complicidad institucional.
A esta indagación se suma otra de la Procuraduría General de la Nación, que busca esclarecer posibles irregularidades en el ingreso de un artista vallenato a la cárcel La Paz de Itagüí. Las autoridades adelantan inspecciones disciplinarias al INPEC para determinar responsabilidades y establecer exactamente qué ocurrió.
Todas las investigaciones se encuentran aún en etapa preliminar, pero su sola existencia resulta altamente comprometedora para una senadora que forma parte del ala más dura del gobierno Petro y que ha sido impulsada como interlocutora en procesos de «paz» con grupos armados y criminales.
Este escándalo encaja perfectamente en el patrón que ha caracterizado la «paz total» del petrismo: una política que, bajo la retórica de reconciliación, ha permitido que criminales de alto calibre ganen oxígeno, legitimidad y espacios de influencia, mientras funcionarios cercanos al gobierno aparecen vinculados a hechos irregulares dentro del sistema penitenciario. Negociar con estructuras criminales desde el poder ejecutivo ya es riesgoso; hacerlo a través de senadoras radicales dentro de las cárceles resulta directamente peligroso para la seguridad nacional y el orden institucional.
Isabel Zuleta no es una figura marginal del petrismo. Es una de las voces más visibles y agresivas del gobierno en temas de «paz» y «justicia social». Que ahora enfrente cuatro indagaciones previas en la Corte Suprema, incluyendo una relacionada con cárceles y criminales, demuestra que la línea entre activismo político radical y posible violación de normas es cada vez más delgada bajo este régimen.
Mientras el gobierno Petro acusa constantemente a la «derecha» y al «uribismo» de todos los males, sus propios aliados terminan envueltos en investigaciones por irregularidades con estructuras criminales. La «paz total» prometía desarmar y pacificar; en la práctica está generando más cuestionamientos judiciales, más infiltración y más desconfianza institucional.
