Menu
El gobierno de Gustavo Petro continúa su política de nombrar en cargos clave a funcionarios con graves cuestionamientos judiciales. Esta vez le tocó el turno a Jorge Iván Ospina, quien fue posesionado como interventor de Nueva EPS, la EPS más grande del país con más de 11 millones de afiliados, mientras enfrenta 11 procesos penales activos ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción.
Según se informa, en la Fiscalía reposan once noticias criminales contra el exalcalde de Cali. Las investigaciones lo señalan por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial.
De estos once expedientes, diez se encuentran en etapa de indagación preliminar. Sin embargo, uno de ellos ya avanzó a juicio. Se trata del caso relacionado con el contrato para el alumbrado navideño de Cali en 2020, suscrito entre la Alcaldía y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) por un valor superior a los 10.300 millones de pesos. La Fiscalía lo llamó a juicio por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al considerar que se trató de una contratación «a dedo» mediante un convenio interadministrativo, cuando la norma exigía una licitación pública para garantizar competencia y la mejor oferta para el Estado.
Por este mismo proceso también son investigados el exgerente de EMCALI, Juan Diego Flórez, y el exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz.
El nombramiento de Ospina como interventor de Nueva EPS genera una polémica mayúscula, especialmente porque ocurre en paralelo con la denuncia de siete superintendentes delegados que acusan al Gobierno de haber intervenido ilegalmente la entidad, saltándose todos los protocolos legales. Mientras la deuda de Nueva EPS creció más del 24% bajo control estatal, el gobierno coloca al frente a un político con once procesos por corrupción en contratos.
El cinismo del petrismo resulta insultante. El mismo gobierno que acusa a las EPS privadas y al «cartel de la salud» de saquear los recursos, nombra como interventor de la EPS más grande del país a alguien que enfrenta juicio por irregularidades en contratos millonarios. Daniel Quintero, otro exalcalde con 43 investigaciones, ya estaba en la mira para la Superintendencia de Salud. Ahora Ospina completa el dúo.
Este patrón es claro y peligroso: el petrismo no busca sanear el sistema de salud. Busca controlarlo políticamente colocando en posiciones estratégicas a personas leales y cuestionadas, dispuestas a avanzar la agenda de estatización total sin importar los antecedentes ni la idoneidad. Mientras millones de colombianos esperan medicamentos, cirugías y atención oportuna, el gobierno sigue nombrando a sus aliados en medio de escándalos de corrupción.
Jorge Iván Ospina tendrá que responder en juicio por uno de estos casos mientras maneja los recursos y el destino de millones de afiliados a Nueva EPS. Los colombianos tienen derecho a preguntarse: ¿cómo puede alguien con once procesos por corrupción en contratos públicos ser el encargado de intervenir y supuestamente sanear la entidad más grande del sistema?
La respuesta es sencilla y dolorosa: para el gobierno Petro, la lealtad política pesa más que la honestidad, la experiencia y la transparencia. El desastre en Nueva EPS, con deuda creciente, facturas represadas y atención deteriorada, no es un accidente. Es la consecuencia lógica de poner la ideología y el clientelismo por encima de la salud de los colombianos.
