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El gobierno de Gustavo Petro parece decidido a tocar fondo moral e institucional. Este miércoles, la Presidencia publicó la hoja de vida de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, como el candidato para reemplazar a Bernardo Camacho en la Superintendencia Nacional de Salud. El nombramiento, que se conoce a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, ha desatado una oleada de indignación en todo el país.
Quintero no es médico, ni administrador en salud, ni tiene experiencia relevante en el sector. Es ingeniero electrónico. Lo que sí tiene son 43 investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción durante su periodo como alcalde de Medellín. A pesar de ese oscuro historial, el petrismo lo postula para dirigir la entidad encargada de vigilar, controlar y sancionar a todas las EPS, IPS y prestadores del sistema de salud colombiano.
El propio Quintero no tardó en confirmar la noticia en su cuenta de X con un mensaje cargado de la retórica clásica del petrismo: «Voy a desmantelar el cartel de la salud que el uribismo y los neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos». Luego añadió: «Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida!».
El cinismo resulta insultante. Mientras Quintero acusa a otros de saquear el sistema, Medellín todavía recuerda los escándalos de corrupción que marcaron su administración: contratos irregulares, sobrecostos, cuestionamientos a obras emblemáticas y una gestión que dejó la ciudad con graves problemas de deuda y desconfianza. Ahora, el mismo personaje es puesto al frente de la Superintendencia de Salud, precisamente cuando el gobierno Petro enfrenta denuncias por la ilegalidad de la intervención a Nueva EPS y mientras la deuda de esa entidad creció más del 24% bajo control estatal.
El nombramiento de Quintero no es un error. Es una decisión coherente con el estilo petrista: colocar en cargos estratégicos a personas leales y controvertidas que no tengan inconveniente en avanzar la agenda de estatización y control total del sector salud, sin importar su falta de idoneidad o sus antecedentes. Es el mismo patrón que se vio con la intervención a Nueva EPS, donde se ignoraron protocolos legales según denuncia de siete superintendentes delegados.
Desde Medellín ya se alzan voces de rechazo. «Pondrán de Supersalud a quien se robó Medellín», es la frase que resume el sentimiento de muchos antioqueños. La ciudad que sufrió en carne propia la gestión de Quintero ahora ve con horror cómo ese mismo modelo de presunta corrupción podría extenderse a todo el sistema de salud nacional.
Mientras tanto, los colombianos de a pie siguen pagando el precio más alto: pacientes esperando meses por cirugías, medicinas no entregadas, clínicas y hospitales al borde de la quiebra por facturas represadas y un sistema de salud que se desmorona bajo el peso de la intervención ideológica del gobierno.
El petrismo ha destruido gran parte del sistema de salud con su discurso anti-EPS y su obsesión por el control estatal. Ahora pretende «arreglarlo» poniendo al frente a uno de los políticos más cuestionados del país. El mensaje es claro: la prioridad no es la salud de los colombianos, sino avanzar en la agenda radical de estatización y colocar a militantes leales en posiciones clave, incluso a costa de la idoneidad y la transparencia.
Colombia merece una Superintendencia de Salud dirigida por profesionales serios, independientes y con experiencia real en el sector, no por políticos con 43 investigaciones por corrupción que usan el cargo para continuar la narrativa victimista y persecutoria del gobierno.
