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            Tras múltiples denuncias ciudadanas sobre el avanzado deterioro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, exigió a la Aerocivil y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que aclaren de una vez por todas el avance del proceso para entregar el terminal a una nueva concesión. La principal puerta aérea del suroccidente colombiano se cae a pedazos, afectando miles de pasajeros diarios, el turismo, los negocios y la conectividad regional bajo la inacción del gobierno central de izquierda.

            El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la principal puerta de entrada aérea al suroccidente colombiano, se encuentra en un estado de deterioro tan avanzado que ya no se puede ocultar ni justificar con excusas burocráticas. Techos agrietados, baños insalubres, sistemas eléctricos fallidos, demoras constantes y una imagen general de abandono convierten lo que debería ser un símbolo de progreso regional en una vergüenza nacional.

            Ante las crecientes denuncias ciudadanas que documentan día tras día el mal estado del terminal, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se vio obligada a exigir respuestas concretas a la Aerocivil y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La mandataria departamental demandó claridad sobre el supuesto proceso para entregar el aeropuerto a una nueva concesión, un trámite que parece eternizarse mientras los pasajeros siguen sufriendo las consecuencias de la ineficiencia y la desidia estatal.

            Este no es un problema menor de infraestructura. El Bonilla Aragón es la principal terminal aérea que conecta al Valle del Cauca y a buena parte del suroccidente del país con el resto de Colombia y el mundo. Su deterioro afecta directamente la imagen de la región, genera incomodidad y riesgos reales para miles de pasajeros diarios, desincentiva el turismo, golpea la competitividad de los negocios y frena el desarrollo económico de uno de los departamentos más importantes del país.

            La falta de claridad sobre la nueva concesión solo agrava la incertidumbre. Mientras Aerocivil y ANI guardan silencio o responden con trámites interminables, las mejoras necesarias se retrasan indefinidamente. Los vallecaucanos, que pagan impuestos y merecen una infraestructura moderna, segura y digna, se ven obligados a transitar por un aeropuerto que parece olvidado por el gobierno.

            Este abandono no ocurre en el vacío. Forma parte de un patrón más amplio de deterioro institucional que se ha acelerado durante el gobierno de Gustavo Petro. La izquierda en el poder ha priorizado el clientelismo, los diálogos con grupos armados ilegales y experimentos ideológicos por encima de la inversión seria en infraestructura productiva. Mientras se destinan recursos millonarios a la falsa “paz total” y a burocracia ideológica, aeropuertos clave como el Bonilla Aragón se caen a pedazos, carreteras se deterioran y puertos pierden competitividad.

            La gobernadora Dilian Francisca Toro tiene razón al exigir respuestas claras y acciones concretas. No más demoras, no más excusas. El Valle del Cauca y el suroccidente colombiano merecen un aeropuerto moderno que esté a la altura de su importancia económica y estratégica. Un terminal que funcione correctamente no es un lujo, es una necesidad básica para el desarrollo regional.

            Los vallecaucanos no pueden seguir tolerando que su principal puerta aérea se convierta en un símbolo del fracaso del modelo centralista y estatista que promueve el petrismo. Cuando el Estado falla en mantener y modernizar la infraestructura esencial, son los ciudadanos, los empresarios y los turistas quienes pagan el precio más alto.

            Es hora de que Aerocivil y la ANI dejen de lado la burocracia y la inacción y entreguen respuestas concretas con plazos reales. El Bonilla Aragón no puede seguir en estas condiciones. Los vallecaucanos merecen una terminal aérea digna, segura y eficiente. Exigir que se cumpla con esa obligación elemental no es un capricho político: es un derecho mínimo de una región que aporta significativamente al PIB nacional y que hoy sufre las consecuencias del abandono estatal.

            Si el gobierno Petro sigue sin actuar con la urgencia que el caso requiere, quedará claro una vez más que para la izquierda en el poder, la infraestructura y el desarrollo regional son secundarios frente a su agenda ideológica y su afán de control político.

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