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El informe anual de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 no deja lugar a dudas: durante la administración de Gustavo Petro, Colombia ha retrocedido de manera preocupante en su lucha contra uno de los males más destructivos para cualquier democracia. Con apenas 37 puntos sobre 100, el país se ubica en el puesto 99 entre 182 naciones evaluadas, un resultado que refleja no solo la percepción ciudadana de que la corrupción sigue siendo un problema grave, sino también las dificultades persistentes —y en muchos casos agravadas— durante este periodo de gobierno de izquierda.
El continente americano, en su conjunto, no registró avances significativos y se mantuvo en un promedio regional de 42 puntos. De los 33 países analizados, 12 han empeorado desde 2012, lo que confirma que la izquierda latinoamericana, con su modelo intervencionista, clientelista y tolerante con ciertos círculos criminales, sigue siendo un factor determinante en el estancamiento o retroceso de la región.
Transparencia Internacional fue especialmente clara al señalar que en países como México (27 puntos), Brasil (35) y Colombia (37), la corrupción ha facilitado la infiltración del crimen organizado en la política. Este diagnóstico es particularmente grave para Colombia. Mientras Petro y su entorno promueven la “paz total” como gran logro, el país se hunde en los rankings internacionales precisamente porque esa política ha significado, en la práctica, mayor espacio para que estructuras narcoterroristas y bandas criminales penetren las instituciones, los contratos públicos y las decisiones políticas.
El contraste regional es elocuente. Países con mejores indicadores como Costa Rica (56) y Uruguay (73) enfrentan aún desafíos, pero se mantienen por encima del promedio. En el extremo opuesto, los últimos lugares los ocupan Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), tres naciones que han sido gobernadas por regímenes de izquierda radical o populistas durante años. Colombia, con 37 puntos, se acerca peligrosamente al grupo de los peor calificados, lo que confirma que el petrismo está llevando al país por el mismo camino de degradación institucional que ya destruyó a Venezuela.
La corrupción bajo este gobierno no es un fenómeno abstracto. Coincide con escándalos de contratación pública opaca, cuestionamientos sobre financiamiento de campañas, investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, y una “paz total” que ha entregado recursos y territorio a grupos armados ilegales. Mientras Petro acusa a “los ricos” y a “la derecha” de todos los males, la percepción ciudadana —capturada objetivamente por Transparencia Internacional— indica que la erosión de la confianza en las instituciones se ha acelerado durante su mandato.
El informe refuerza lo que la oposición y los analistas independientes han denunciado desde hace tiempo: la izquierda colombiana, al priorizar el diálogo con criminales, el clientelismo estatal y la concentración de poder, crea las condiciones perfectas para que la corrupción florezca y el crimen organizado gane terreno. La infiltración del narcotráfico en la política no es un invento de la “derecha estigmatizadora”; es una realidad documentada por organismos internacionales.
Que Colombia haya retrocedido en este índice durante un gobierno que llegó al poder prometiendo “ética pública” y “transparencia” resulta especialmente cínico. Petro ha pasado más tiempo atacando a la justicia, a la Registraduría y a las instituciones de control que fortaleciéndolas. Ha utilizado la retórica anti-corrupción de manera selectiva, persiguiendo a opositores mientras su propia administración acumula cuestionamientos graves.
Este resultado del IPC 2025 debe servir como campanazo de alerta para los colombianos. Un país con 37 puntos de percepción de corrupción es un país vulnerable, donde las decisiones públicas se toman cada vez más bajo la influencia de intereses oscuros, donde los recursos destinados a los más pobres terminan en bolsillos privados o en manos de grupos armados, y donde la democracia se degrada hasta convertirse en una mera formalidad.
La izquierda latinoamericana tiene un historial trágico en este campo: donde gobierna, la corrupción no disminuye, se institucionaliza. Venezuela pasó de ser un país relativamente decente en estos indicadores a convertirse en uno de los más corruptos del mundo bajo el chavismo y el madurismo. Colombia no puede permitirse seguir ese mismo camino.
Los colombianos que aún valoran las instituciones democráticas y el Estado de derecho tienen la responsabilidad de exigir un cambio de rumbo antes de que el retroceso sea irreversible. Porque cuando la percepción de corrupción se consolida y el crimen organizado infiltra la política, ya no se trata solo de números en un ranking: se trata de la supervivencia misma de la nación como república soberana y decente.
