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En una decisión que representa un duro golpe a la estrategia permanente de desestabilización institucional del presidente Gustavo Petro, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al mandatario rectificar públicamente las falsas afirmaciones que ha venido difundiendo en redes sociales sobre un supuesto fraude electoral en diferentes comicios nacionales.
Lejos de ser un simple llamado de atención, la medida cautelar desarma uno a uno los argumentos con los que Petro ha intentado minar la confianza de los colombianos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en el sistema electoral en su conjunto. El Tribunal fue contundente: las denuncias presidenciales carecen de sustento, se basan en información inexacta y no cumplen con la carga de veracidad que exige el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
A continuación, las cinco mentiras principales que el Tribunal desmontó:
El software electoral: hubo irregularidades, no fraude
Petro ha repetido hasta el cansancio que el software de la Registraduría no es confiable, citando el caso del partido MIRA en 2014. El Tribunal recordó que, si bien en aquella oportunidad se detectaron inconsistencias en los datos, ninguna instancia judicial probó la existencia de un fraude organizado ni fallas estructurales del sistema. Las irregularidades fueron detectadas precisamente gracias al funcionamiento del software, no a pesar de él. El presidente, según el fallo, no cumplió con la carga de probar sus graves acusaciones.
Nadie ordenó cambiar el software
Otra de las falsedades favoritas de Petro ha sido afirmar que el Consejo de Estado obligó a la Registraduría a cambiar el software electoral. El Tribunal fue claro: nunca existió tal orden judicial. Lo que hubo fue una recomendación o exhorto para fortalecer el sistema, pero en ningún momento una disposición compulsiva de sustitución. Acusar a la Registraduría de incumplir una orden inexistente es, según la corporación, una distorsión grave de la realidad.
Elecciones de 2022: errores corregidos, no fraude
Sobre las legislativas de 2022, Petro insistió en que le habían “robado” cerca de 400 mil votos al Pacto Histórico para sumárselos al Partido de la U. El Tribunal reconoció que existieron problemas puntuales en la etapa de transmisión de datos del preconteo, pero enfatizó que el sistema funcionó correctamente al permitir corregir esos errores. No hubo fraude. Lo que hubo fue una afirmación irresponsable del presidente que no verificó adecuadamente antes de publicarla.
Elecciones de 2026: el sistema sí respondió
Incluso sobre las elecciones del 8 de marzo de 2026, Petro habló de fraude. El Tribunal desvirtuó completamente esa versión al basarse en los informes positivos de misiones de observación internacional y de la MOE, que coincidieron en calificar el proceso como transparente y confiable. “La jornada electoral significó una constatación del buen funcionamiento de la Organización Electoral y de la Registraduría”, concluyó la sentencia.
Denuncias sin respaldo claro
Finalmente, el Tribunal examinó las supuestas gestiones del presidente para denunciar irregularidades. Encontró falta de trazabilidad, ausencia de documentos clave y contradicciones entre lo que Petro publicó en redes y las supuestas comunicaciones oficiales. En otras palabras, muchas de sus “denuncias” parecían más un ejercicio de propaganda política que una actuación seria y documentada ante las autoridades competentes.
Esta sentencia del Tribunal de Cundinamarca no es un ataque político. Es un correctivo judicial necesario contra un presidente que ha convertido la mentira sistemática y la desinformación en herramienta de gobierno. Gustavo Petro, fiel a la tradición de la izquierda latinoamericana, utiliza las acusaciones de fraude cada vez que los resultados electorales no le son completamente favorables o cuando necesita victimizarse para mantener cohesionada a su base radical.
El daño que ha causado es profundo: ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, ha fomentado teorías conspirativas y ha preparado el terreno para cuestionar cualquier resultado futuro que no le convenga. Mientras acusa de fraude a los demás, Petro gobierna con un estilo cada vez más autoritario, concentrando poder y atacando a la prensa, a la justicia y a la oposición.
La decisión del Tribunal obliga a Petro a rectificar públicamente. Sin embargo, dada su trayectoria de victimismo y negación de la realidad, es poco probable que cumpla de buena fe. Para la izquierda radical, la verdad es solo un obstáculo cuando contradice su narrativa. Los colombianos que aún creen en la democracia liberal tienen ahora una prueba más de que el petrismo no acepta las reglas del juego democrático cuando pierde, y que está dispuesto a mentir desde la propia Presidencia de la República para deslegitimar el sistema que dice defender.
Este fallo debería servir como recordatorio urgente: un presidente que miente sistemáticamente sobre el sistema electoral no puede seguir al frente de las instituciones que debe proteger. Colombia merece elecciones limpias, transparentes y respetadas por todos, no sometidas a la propaganda irresponsable de quien llegó al poder precisamente gracias a ese mismo sistema que ahora intenta destruir.
