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Un nuevo escándalo sacudió al Gobierno de Gustavo Petro luego de que se revelaran audios que evidenciaron reuniones entre altos funcionarios y el entorno de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia. Las grabaciones, divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, pusieron en el centro del debate posibles contactos que habrían ocurrido antes de que autoridades judiciales intervinieran formalmente.
Según la información revelada, los audios correspondieron a encuentros realizados a comienzos de 2025, en los que participaron al menos cuatro personas vinculadas al Gobierno, incluyendo a Jorge Lemus, quien para ese momento se desempeñaba como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En dichas reuniones, Lemus sostuvo conversaciones con Luis Felipe Ramírez, abogado de «Papá Pitufo», lo que generó cuestionamientos sobre la naturaleza y el propósito de estos contactos.
Uno de los aspectos más relevantes de las grabaciones fue la evidencia de que el contrabandista poseía información sensible. En uno de los fragmentos, Lemus habría manifestado que Marín debía hablar “contra quien se le dé la gana”, lo que fue interpretado como una apertura a eventuales declaraciones que podrían comprometer a distintos actores. A su vez, el abogado indicó que, de hacerse públicas ciertas informaciones, el impacto sería considerable, lo que incrementó la gravedad del contenido revelado.
En las conversaciones también se hizo referencia a la controversia previa en la que se había señalado que la campaña presidencial de Petro habría intentado ser infiltrada con recursos provenientes de «Papá Pitufo». En ese contexto, el abogado expresó que su cliente había quedado desconcertado por las declaraciones públicas de funcionarios del Gobierno, asegurando que no había tenido intención de actuar en contra del mismo.
Otro elemento que generó inquietud fue la afirmación de que el encuentro entre el funcionario y el abogado habría sido promovido desde el propio entorno gubernamental. Según el relato de Ramírez, el contrabandista lo habría instruido para asistir a la reunión en su representación, ante la incertidumbre sobre quiénes actuaban realmente como emisarios del Ejecutivo.
Además, en las grabaciones se mencionaron varios nombres de personas que, presuntamente, habrían actuado como intermediarios o emisarios entre el Gobierno y el entorno de Marín. Entre ellos se incluyeron figuras como Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien habría confirmado previamente su participación en reuniones con el contrabandista, así como otros actores cercanos a entidades del Estado.
Uno de los puntos más controvertidos surgió cuando, según los audios, el entonces jefe de inteligencia habría planteado la posibilidad de gestionar beneficios judiciales para ‘Papá Pitufo’. En la conversación se sugirió que podría existir margen para influir en instancias como la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre una eventual extralimitación de funciones y el uso indebido de canales institucionales.
Adicionalmente, se mencionó la posibilidad de incluir al contrabandista dentro de procesos relacionados con la política de Paz Total, lo que añadió un componente político al contenido de las grabaciones. Este tipo de planteamientos fue interpretado por algunos sectores como indicio de negociaciones informales que no corresponderían a los procedimientos establecidos.
El caso también reavivó la polémica sobre la presunta entrega de $500 millones de pesos en efectivo por parte de Marín a la campaña presidencial, un señalamiento que el presidente Petro ha negado de manera reiterada. No obstante, las nuevas revelaciones alimentaron el debate sobre la posible existencia de redes de financiamiento irregular y contactos no oficiales.
