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El asesinato del exdiputado y líder comunitario afrodescendiente Luis Carlos Vallejo Román no es un crimen común más en las estadísticas de violencia colombiana. Es la prueba sangrienta y descarnada de que, bajo el gobierno de Gustavo Petro y su fallida “paz total”, amplias zonas del país —especialmente el departamento del Cauca— han sido entregadas al control efectivo de grupos armados ilegales que imponen su ley con fusiles, torturas y muerte.
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, no se anduvo con eufemismos al rechazar el crimen. “Da tristeza llegar al departamento del Cauca y encontrarse con que el exdiputado Luis Carlos Vallejo fue asesinado y tiene síntomas de haber sido torturado. Todo porque no quiso hacerle caso a los grupos ilegales que le ordenaban votar por un determinado candidato y él hizo campaña por otro”, denunció con firmeza.
Vallejo Román fue secuestrado el 8 de marzo durante la jornada de elecciones legislativas mientras se encontraba en zona rural del municipio de López de Micay. Tras varias semanas de silencio, su cuerpo sin vida apareció el pasado 1 de abril en una vereda de difícil acceso. Líder comunitario con amplia trayectoria en defensa de derechos territoriales, su asesinato se suma a la larga lista de líderes sociales y políticos eliminados en regiones donde el Estado brilla por su ausencia y los grupos narcoterroristas ejercen “gobernanza ilegal”.
Paloma Valencia fue aún más directa: “En el Cauca son los fusiles de los que manejan la droga y que apoyan a Cepeda los que están imponiendo el voto. Votemos, caucanos, en contra de esta esclavitud en la que nos tienen sometidos”. La senadora y precandidata señaló sin rodeos lo que muchos colombianos ya saben pero los medios afines al gobierno prefieren ocultar: los grupos armados que controlan el narcotráfico en la región operan en sintonía con sectores de la izquierda petrista y sus aliados políticos locales. La “paz total” no ha desarmado a nadie; al contrario, ha dado tiempo, oxígeno y territorio a estas estructuras para que consoliden su poder y ahora se atrevan a dictar quién puede ser elegido y quién debe morir.
Este caso desnuda la mentira central del proyecto de izquierda en Colombia. Mientras Petro y sus ministros hablan de “diálogo”, “reconciliación” y “justicia social”, en el Cauca —y en otras regiones como Catatumbo o el Pacífico— los ciudadanos viven bajo un régimen de terror donde no existe libertad para votar. Los fusiles de las disidencias de las FARC, el ELN y otras bandas criminales deciden el destino electoral de comunidades enteras. Quien se opone, como Luis Carlos Vallejo, termina secuestrado, torturado y asesinado.
La debilidad del Estado en estas zonas no es accidental. Es el resultado directo de una política deliberada: reducción de operaciones militares, ceses al fuego unilaterales que solo benefician a los violentos, estigmatización de las Fuerzas Armadas y Policía, y una narrativa ideológica que presenta a los criminales como “víctimas del conflicto” en lugar de enemigos de la nación. El petrismo ha priorizado negociar con narcoterroristas antes que garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado legítimo.
Que un líder afrodescendiente, defensor de su comunidad, sea torturado y asesinado precisamente por ejercer su derecho democrático y hacer campaña libremente demuestra el verdadero rostro autoritario de la izquierda colombiana cuando pierde el control de las urnas. No toleran la disidencia. No aceptan que alguien se niegue a someterse a sus órdenes. Prefieren el voto impuesto por las armas antes que la voluntad libre de los ciudadanos.
Paloma Valencia ha puesto el dedo en la llaga que duele: los caucanos —y muchos colombianos en zonas periféricas— no tienen libertad real para votar. Están sometidos a una esclavitud moderna impuesta por los mismos grupos que se han fortalecido bajo este gobierno de izquierda. El asesinato de Luis Carlos Vallejo Román debe servir como llamado de alerta urgente de cara a las elecciones presidenciales. Si no se recupera el control territorial del Estado, si no se acaba con la complacencia hacia el terrorismo y el narcotráfico, Colombia entera corre el riesgo de convertirse en un país donde las balas decidan quién gobierna.
Los colombianos decentes, aquellos que rechazan la violencia y defienden la democracia real, tienen una obligación moral: votar masivamente en contra de este proyecto que ha entregado regiones enteras a los fusiles y que ahora pretende extender ese modelo de sumisión a todo el país. El caso del Cauca no es un incidente aislado. Es la consecuencia lógica de haber puesto en el poder a una izquierda que nunca ha creído verdaderamente en la libertad, sino en el control.
