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En medio de un clima político cada vez más tenso de cara a las elecciones presidenciales, la campaña del candidato Abelardo de la Espriella dio un paso que escaló la confrontación institucional, al solicitar formalmente la apertura de una investigación contra el presidente Gustavo Petro y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presuntas interceptaciones ilegales de comunicaciones.
La solicitud fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano competente para investigar al jefe de Estado. El documento fue radicado por el abogado Germán Calderón, quien argumentó que las declaraciones del presidente podrían constituir una admisión indirecta de actividades de inteligencia sin autorización judicial.
El origen de la controversia estuvo en una publicación del mandatario en la que insinuó la existencia de conversaciones entre Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, compañía que ha estado históricamente vinculada a la producción de documentos oficiales y que actualmente tiene incidencia en la logística electoral del país.
A partir de estas afirmaciones, el equipo jurídico del candidato interpretó que el presidente estaría haciendo referencia a información obtenida mediante interceptaciones, lo que, de confirmarse, configuraría una violación al artículo 192 del Código Penal, el cual sanciona la interceptación, divulgación o uso indebido de comunicaciones privadas sin orden judicial, con penas que pueden ir de 32 a 90 meses de prisión, además de multas económicas.
En ese contexto, De la Espriella reaccionó públicamente a través de sus redes sociales, negando cualquier vínculo con los empresarios mencionados y exigiendo al presidente que presentara pruebas de las supuestas conversaciones. En su pronunciamiento, también cuestionó el funcionamiento del sistema de inteligencia y planteó dudas sobre el uso de esa información en decisiones políticas.
De manera paralela, el presidente Petro amplió sus declaraciones y vinculó el tema con la controversia alrededor del contrato de los pasaportes, sugiriendo que existirían intereses políticos y económicos detrás de las decisiones institucionales relacionadas con este proceso. En ese sentido, también lanzó cuestionamientos contra el procurador Gregorio Eljach, a quien señaló de tener una postura crítica frente a los convenios firmados con la Casa de la Moneda de Portugal.
Estas declaraciones se produjeron en un momento clave, ya que la Procuraduría General de la Nación había interpuesto una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca buscando la nulidad de los acuerdos relacionados con la producción de pasaportes, lo que añadió un nuevo elemento de tensión al escenario político.
