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El presidente Gustavo Petro volvió a mostrar su verdadero rostro autoritario este lunes, al lanzar una amenaza directa y sin precedentes contra los alcaldes del país que no se sometan a su voluntad en el controvertido tema del aumento de avalúos catastrales. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro advirtió que “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”.
La declaración, emitida en medio del paro campesino que se adelanta contra el incremento de los avalúos catastrales, provocó un rechazo inmediato y contundente de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales). La entidad calificó las palabras del mandatario como “manifestaciones que desconocen la dignidad institucional de los mandatarios locales y generan escenarios de amedrentamiento y presión indebida sobre autoridades que representan a sus comunidades”.
Este episodio desnuda, una vez más, el profundo desprecio del petrismo por la autonomía territorial y el orden constitucional. Colombia es un Estado unitario pero descentralizado, donde los alcaldes y concejos municipales tienen competencias propias en materia tributaria, especialmente en la fijación de la tasa del impuesto predial. Petro, sin embargo, actúa como si fuera un caudillo capaz de remover a discreción a mandatarios locales que no sigan sus directrices, ignorando por completo la separación de poderes y el marco legal que regula la destitución de alcaldes.
El presidente insistió en que el ajuste de avalúos responde a una “obligación legal” y a “compromisos derivados del acuerdo de paz”. Según su narrativa, el objetivo es que “los ricos paguen impuestos”. Sin embargo, la realidad que viven miles de campesinos, pequeños propietarios rurales y urbanos es que estos aumentos catastrales terminan golpeando fuertemente a la clase media y a los sectores productivos, no solo a grandes terratenientes. Petro intenta vender la medida como un acto de justicia social, pero en la práctica se trata de una nueva forma de exacción fiscal que genera rechazo masivo en el campo colombiano.
El mandatario intentó trasladar toda la responsabilidad a los alcaldes y concejos municipales, afirmando que ellos pueden “bajar la tasa” para aliviar a los sectores vulnerables en solo 15 días. Al mismo tiempo, acusó a “los terratenientes” de engañar al campesinado y dirigió sus dardos contra “la militancia uribista” que, según él, estaría organizando el paro. “Le solicito a la militancia uribista que organizó el paro retirarse, sino actuaré como ordena la ley”, advirtió con tono intimidatorio.
Petro también advirtió al gobernador de Santander y le ordenó prácticamente que reúna a los alcaldes bajo su coordinación para “ponerse a trabajar” en los acuerdos de tasa predial, fijando incluso un plazo para “destrabar la situación” y levantar las barricadas.
Este comportamiento es típico del estilo de gobierno de la izquierda radical en América Latina: centralizar el poder, desconocer la autonomía local, amenazar a quienes no se alinean y victimizarse cuando enfrenta resistencia legítima. Petro no acepta que los alcaldes ejerzan sus competencias constitucionales; los ve como simples ejecutores de su voluntad presidencial. Cuando la protesta surge desde las bases, la culpa es de “la derecha” y de “los terratenientes”. Cuando los mandatarios locales no responden como él quiere, los amenaza con sacarlos “por orden mía”.
Asocapitales hizo bien en reaccionar con firmeza. Las declaraciones presidenciales no solo vulneran la dignidad institucional, sino que envían un mensaje peligroso a todo el país: quien no obedezca al presidente Petro será removido, incluso si eso implica torcer la ley y la Constitución. Este no es el comportamiento de un demócrata; es el de un líder con tendencias autoritarias que ve en la descentralización un obstáculo para su proyecto de concentración de poder.
Mientras Petro habla de “ricos que deben pagar impuestos”, su gobierno ha sido señalado por múltiples escándalos de corrupción, despilfarro en “paz total” y debilidad frente a grupos armados que controlan territorios y economías ilegales. La verdadera carga tributaria injusta no viene solo de avalúos catastrales mal manejados, sino de un Estado ineficiente, clientelista y cada vez más intervencionista que ahoga la productividad con impuestos y regulaciones mientras entrega regiones enteras al narcoterrorismo.
La amenaza de Petro a los alcaldes no debe pasar inadvertida. Es un nuevo capítulo en la erosión institucional que ha caracterizado su administración: ataques a la justicia, a la Registraduría, a las Fuerzas Armadas y ahora a la autonomía de los gobiernos locales. Colombia necesita urgentemente recuperar el respeto por las instituciones, la separación de poderes y la descentralización real, antes de que el autoritarismo petrista avance aún más.
