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La máscara se cayó por completo. Roy Barreras, uno de los artífices clave del triunfo de Gustavo Petro en 2022 y hasta hace poco candidato presidencial dentro del espectro petrista, admitió públicamente lo que la oposición viene denunciando desde hace meses: el gobierno de izquierda está utilizando la liberación masiva de criminales como una burda estrategia electoral para favorecer a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.
En una conversación con el periodista Daniel Coronell en el programa Los Danieles, Barreras reconoció sin rodeos que la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación ordenó la excarcelación de 23 jefes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá, “va a producir resultados electorales” favorables para Cepeda. No se trató de un lapsus ni de una interpretación maliciosa. Fue una admisión directa y calculada de alguien que conoce por dentro cómo funciona la maquinaria del petrismo.
Barreras no se limitó a Antioquia. Extendió su análisis a otras regiones del país donde el control territorial de grupos armados ilegales es evidente. Mencionó el caso de alias Araña en Leguízamo, Putumayo —la misma zona donde hace poco se estrelló un Hércules con decenas de militares a bordo—, y a figuras como alias Calarcá y alias Erika, señalados de liderar redes de extorsión en el Caquetá. Según sus propias palabras, en territorios donde estos actores armados controlan la vida cotidiana de la población, también tienen la capacidad de condicionar la participación electoral.
El exsenador y exembajador en el Reino Unido habló además de prácticas ya conocidas y denunciadas por la oposición: la recolección masiva de cédulas de identidad para gestionar el voto de forma colectiva y el asesinato de un exdiputado de La Fuerza de la Paz en López de Micay, en medio de disputas territoriales. Todo esto, dicho por una figura que formó parte central del gobierno Petro como presidente del Senado, resulta devastador para la narrativa oficial.
Esta confesión confirma el peor temor de los colombianos democráticos: la llamada “paz total” nunca fue una política de reconciliación. Fue, desde el principio, un mecanismo para desmovilizar a las Fuerzas Armadas, entregar territorio a los narcoterroristas y convertir a los grupos armados ilegales en aliados electorales del petrismo. Soltar a 23 cabecillas criminales justo antes de las elecciones no es un acto de humanidad ni de justicia transicional. Es un cálculo frío y cínico para comprar votos a través del miedo, la extorsión y el control armado de las urnas.
El petrismo ha repetido hasta el cansancio que combate la corrupción y defiende la democracia. Sin embargo, cuando uno de sus propios operadores admite que la liberación de jefes criminales generará votos a favor de su candidato, queda al descubierto la verdadera naturaleza del proyecto: un régimen que utiliza el crimen organizado como extensión de su aparato político. Es el mismo manual que aplicaron Chávez y Maduro en Venezuela, los Kirchner en Argentina y otros regímenes de izquierda en la región: debilitar las instituciones, pactar con los violentos y usar el terror para perpetuarse en el poder.
Roy Barreras, al hablar con tanta naturalidad del asunto, no solo traicionó la confianza de los colombianos. También expuso la fractura interna del petrismo y la desesperación de un proyecto que sabe que, en elecciones limpias y sin presión armada, tiene pocas chances de triunfar. Su declaración intensifica el debate sobre las garantías electorales a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial. Si los grupos armados ilegales pueden condicionar el voto en Putumayo, Caquetá, Antioquia y otras zonas, entonces Colombia no estará ante unas elecciones libres, sino ante un proceso secuestrado por los fusiles.
Paloma Valencia, Iván Cepeda y el resto de candidatos tienen ahora la obligación de pronunciarse con claridad. Pero sobre todo, los colombianos decentes deben entender el mensaje: votar por la continuidad del petrismo significa aceptar que el crimen organizado siga decidiendo quién gobierna. La izquierda radical nunca ha creído en la democracia liberal. La usa cuando le conviene y la sabotea cuando pierde el control de las urnas.
La admisión de Roy Barreras no es un desliz. Es una confesión involuntaria de cómo funciona realmente el poder bajo el socialismo del siglo XXI en Colombia. Y los colombianos tienen todavía tiempo de impedirlo en las urnas, siempre y cuando el Estado recupere el monopolio de la fuerza y garantice elecciones verdaderamente libres.
