La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ofrecieron 5.000 millones de pesos por la captura de alias «Iván Márquez» y 4.000 millones por «John 40» y «Zarco Aldinever», cabecillas de la Segunda Marquetalia, por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Siete órdenes de captura confirman lo que la oposición venía denunciando: la «paz total» petrista no trajo paz, sino que empoderó a los narcoterroristas que ahora asesinan líderes políticos.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Colombia acaban de admitir, a través de hechos concretos, lo que muchos colombianos sabían desde hace tiempo: la llamada «paz total» impulsada por Gustavo Petro no es más que una rendición disfrazada de política de Estado que ha fortalecido al terrorismo y al narcotráfico, con consecuencias mortales para la democracia colombiana.

Este martes, las autoridades ofrecieron una recompensa de cinco mil millones de pesos por la captura de Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», principal cabecilla de la Segunda Marquetalia, y cuatro mil millones de pesos por alias «John 40» y «Zarco Aldinever». Además, se emitieron siete órdenes de captura contra otros altos mandos de esa estructura criminal, todos ellos directamente responsables, según la investigación, del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de la oposición.

El asesinato de Miguel Uribe no fue un acto aislado de violencia común. Fue un magnicidio político ejecutado por una disidencia de las FARC que, lejos de haber sido debilitada, se ha consolidado territorial y militarmente durante el gobierno petrista. Iván Márquez, quien en su momento fue el número dos de las FARC y firmó los acuerdos de La Habana, rompió con el proceso de «paz» anterior y regresó a las armas con total impunidad bajo la mirada complaciente del actual régimen. Ahora, ese mismo hombre es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de un senador y precandidato a la Presidencia de la República.

Este anuncio de recompensas millonarias representa un duro golpe a la narrativa oficial del gobierno de izquierda. Durante años, Petro y sus ministros han insistido en que el diálogo con grupos armados ilegales traería seguridad y reconciliación. La realidad es diametralmente opuesta: mientras el Ejecutivo reducía la presión militar, recortaba presupuesto a las Fuerzas Armadas y estigmatizaba a la Policía y al Ejército, las estructuras como la Segunda Marquetalia crecían en poder, control territorial y capacidad de ataque. El resultado está a la vista: un precandidato presidencial muerto a manos de los mismos narcoterroristas con los que el gobierno prefería «negociar» en lugar de combatirlos.

La Segunda Marquetalia no es un grupo residual. Es una organización narcoterrorista bien estructurada, con rutas de cocaína, finanzas ilegales y capacidad para ejecutar atentados de alto perfil. Que la Fiscalía tenga que ofrecer miles de millones de pesos por la cabeza de Iván Márquez y sus lugartenientes demuestra que el Estado perdió el control en amplias zonas del país y que la política de «paz total» solo sirvió para darles oxígeno, tiempo y legitimidad a los enemigos de Colombia.

Este magnicidio ocurre en un contexto particularmente grave. Colombia se acerca a las elecciones de 2026 en medio de un deterioro acelerado de la seguridad, con grupos armados imponiendo «gobernanza ilegal» en regiones enteras, como ya lo advirtió incluso el PNUD. El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo quita de la contienda a un líder opositor valiente y articulado; envía un mensaje claro a toda la clase política: quien se oponga con firmeza al proyecto de izquierda radical puede terminar en una tumba.

La izquierda colombiana, fiel a su tradición continental, siempre ha mostrado una peligrosa ambigüedad frente al terrorismo. Mientras condena formalmente el magnicidio, sus políticas concretas, negociaciones sin condiciones, cese al fuego unilateral, reducción de operaciones militares y ataque constante a las instituciones de seguridad, han creado el caldo de cultivo perfecto para que criminales como Iván Márquez y sus socios operen con mayor libertad que nunca.

Que la Policía y la Fiscalía tengan que salir ahora a ofrecer recompensas millonarias por cabecillas que deberían haber sido neutralizados hace años es la prueba más clara del fracaso estratégico del petrismo en materia de seguridad. En lugar de derrotar al enemigo, el gobierno lo ha empoderado. En lugar de proteger a los líderes democráticos, ha dejado que sean blanco fácil de las balas de las disidencias.

Los colombianos que aún creen en una Colombia en paz bajo el Estado de derecho tienen razones de sobra para indignarse. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay no debe quedar como otro hecho aislado en la larga lista de víctimas del terrorismo. Debe servir para exigir un cambio radical de rumbo: fin a la «paz total» complaciente, recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado y prioridad absoluta a la seguridad nacional sobre cualquier experimento ideológico de izquierda.

Mientras Iván Márquez y sus socios siguen libres y cobrando recompensas millonarias por sus cabezas, la sangre de Miguel Uribe clama justicia. Una justicia que nunca llegará de la mano de un gobierno que ve en los violentos no a criminales, sino a «actores políticos» con los que se puede pactar.