El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, entregó el balance oficial del trágico accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo: 66 militares fallecidos, 57 heridos evacuados y 4 desaparecidos, de un total de 128 personas a bordo.

El 23 de marzo de 2026, Colombia recibió una de las noticias más dolorosas para cualquier nación que aún valora a sus instituciones armadas. El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó el balance oficial del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo: de las 128 personas que viajaban a bordo, 11 tripulantes, 115 militares del Ejército Nacional y 2 integrantes de la Policía, murieron 66 soldados, 57 resultaron heridos y fueron evacuados con vida, un soldado salió ileso y cuatro personas continúan desaparecidas.

Los cuerpos de los fallecidos están en proceso de identificación, mientras los heridos graves fueron trasladados de urgencia a Florencia y Bogotá para recibir atención médica especializada. Las Fuerzas Militares y la Policía expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguraron que mantienen activados todos los protocolos de atención. Se conformará una comisión investigadora con apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para intentar esclarecer las causas del accidente. Hasta ahora, no hay hipótesis oficial confirmada.

Pero los colombianos no necesitan esperar el informe final para entender lo que realmente ocurrió. Este no fue un «accidente fortuito» ni un simple fallo mecánico aislado. Fue la consecuencia previsible y trágica de una política deliberada de desmantelamiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y su ministro de Defensa desde el primer día de su administración.

Durante años, la izquierda petrista ha estigmatizado al Ejército como «represor del pueblo», ha recortado presupuestos destinados a mantenimiento de aeronaves, ha retrasado contratos de repuestos y ha impuesto una doctrina ideológica que prioriza el «diálogo» con disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo antes que garantizar que los aviones que transportan tropas estén en óptimas condiciones. Un Hércules C-130, una de las aeronaves más robustas y confiables del mundo cuando se mantiene adecuadamente, no se estrella pocos minutos después de despegar sin que existan fallas graves acumuladas por negligencia o falta de recursos.

Mientras dos pelotones completos del Ejército se dirigían desde Puerto Leguízamo hacia Bogotá , probablemente tras operaciones en una de las zonas más calientes del país, la aeronave se precipitó a tierra en Tagua, Putumayo, dejando una estela de humo y dolor que los habitantes locales presenciaron horrorizados. La selva putumayense, controlada en buena medida por grupos narcoterroristas que se han fortalecido bajo la «paz total», se convirtió en escenario de otra tragedia militar que podría haberse evitado si el Estado colombiano mantuviera la prioridad en la defensa nacional en lugar de invertirla en clientelismo social y negociaciones con criminales.

El contraste es brutal y revelador. El mismo gobierno que ahora lamenta formalmente la muerte de 66 héroes es el que ha debilitado sistemáticamente a las instituciones que los formaron y equiparon. Petro y sus aliados han reducido el pie de fuerza efectivo, han cambiado manuales de doctrina para «humanizar» la guerra contra el terrorismo y han desviado recursos hacia programas que benefician indirectamente a las mismas estructuras armadas ilegales que hoy controlan territorios enteros. La aviación militar, que durante décadas fue orgullo regional, sufre hoy un envejecimiento prematuro de su flota y problemas crónicos de mantenimiento precisamente por esa visión ideológica que ve al soldado como problema y al guerrillero como «víctima social».

La participación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la investigación es un reconocimiento implícito de la gravedad del caso y, al mismo tiempo, una vergüenza nacional. Colombia, que antes exportaba experiencia y capacidad militar, hoy debe pedir ayuda externa para entender por qué sus aviones caen con decenas de uniformados a bordo. Mientras tanto, la producción de cocaína bate récords históricos bajo este gobierno, las disidencias se fortalecen y regiones como Putumayo siguen siendo tierra de nadie para el Estado de derecho.

Las familias de los 66 militares fallecidos, de los 57 heridos y de los cuatro desaparecidos no merecen solo condolencias burocráticas. Merecen respuestas honestas: ¿Cuánto tiempo llevaba esa aeronave sin el mantenimiento riguroso que exige una máquina de ese calibre? ¿Cuántos millones se desviaron de la defensa nacional hacia la «paz total» y otros experimentos ideológicos? ¿Hasta cuándo seguiremos sacrificando la vida de nuestros mejores hombres porque una izquierda radical y antimilitarista llegó al poder?

Este accidente en Putumayo no es una página aislada en la historia reciente de Colombia. Es otro capítulo sangriento del costo humano que está pagando la nación por haber entregado el gobierno a una coalición de izquierda que nunca ha ocultado su desprecio histórico por las Fuerzas Armadas. Mientras Petro sigue enfrentando investigaciones en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, los soldados colombianos siguen cayendo, esta vez no por bala enemiga, sino por el deterioro institucional que su propio gobierno ha promovido.

Colombia entera debe exigir que esta tragedia no quede en un simple informe técnico. Debe servir para revertir el desmantelamiento sistemático de las capacidades militares y para recordar que un país que no cuida a sus soldados termina siendo gobernado por quienes los desprecian.