Mientras el gobierno de izquierda de Gustavo Petro promueve su fallida “paz total” como gran logro, el New York Times revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos adelanta investigaciones penales contra el propio presidente por supuestos vínculos con el narcotráfico. La senadora Paloma Valencia no se anda con rodeos y exige que Washington esclarezca si el primer mandatario de Colombia está comprometido con el crimen organizado.

La bomba informativa que muchos en Colombia venían anticipando desde hace meses finalmente explotó en las páginas del New York Times. Según el prestigioso diario estadounidense, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está adelantando investigaciones criminales formales contra el presidente Gustavo Petro por presuntos nexos con el narcotráfico. No se trata de rumores de oposición ni de «estigmatización de la derecha», como suele gritar el petrismo cada vez que lo cuestionan. Es una investigación penal en curso por parte de la nación que durante décadas ha sido el principal aliado de Colombia en la lucha antidrogas.

Ante esta revelación de enorme gravedad institucional, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, una de las voces más claras y valientes del Congreso colombiano, reaccionó con la contundencia que el momento exige. «Es necesario que las autoridades de EE.UU. lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son ciertos los presuntos nexos del presidente Petro con el narcotráfico», declaró sin ambages. Y fue más allá: “La paz total sí es una clara muestra de la complacencia del gobierno con el delito”.

Valencia puso el dedo en la llaga que el oficialismo petrista y sus aliados mediáticos de izquierda han intentado ocultar durante años. La llamada «paz total» no es una política de reconciliación nacional, como la venden con eufemismos progresistas. Es, según la senadora, la evidencia más clara de que este gobierno de izquierda radical ha optado por la complacencia, la negociación y la entrega de territorio y poder a grupos narcoterroristas en lugar de combatirlos con firmeza.

Esta investigación del Departamento de Justicia estadounidense no surge de la nada. Durante la campaña y después de asumir el poder, Petro y su entorno han mantenido una relación sospechosa con exguerrilleros, disidencias de las FARC y estructuras del narcotráfico que controlan vastas regiones del país. La negativa sistemática a fumigar cultivos ilícitos, la desmovilización encubierta de tropas en zonas calientes, los constantes acercamientos y «diálogos» con grupos armados dedicados al negocio de la cocaína, y la estigmatización permanente de las Fuerzas Armadas, forman un patrón demasiado coherente como para ser mera coincidencia.

Lo que está en juego aquí no es solo la figura de un presidente. Es la soberanía misma de Colombia y su credibilidad internacional. Un jefe de Estado investigado penalmente en Washington por narcotráfico representa un peligro existencial para la democracia colombiana y para la estabilidad regional. Mientras Petro y sus ministros hablan de «cambio» y «justicia social», el país se hunde en el caos de la violencia narcoterrorista y pierde el apoyo estratégico de Estados Unidos, que durante años fue fundamental para contener el flagelo de las drogas.

La izquierda latinoamericana, con su larga tradición de alianzas oscuras con el crimen organizado, desde el chavismo en Venezuela hasta el castro – comunismo en Cuba—, parece haber encontrado en Colombia su nuevo laboratorio. La «paz total» de Petro no ha traído paz: ha traído más coca, más asesinatos, más desplazamientos y un fortalecimiento sin precedentes de las estructuras criminales. Es la misma receta fallida que ya destruyó a Venezuela y que ahora amenaza con degradar a Colombia al nivel de un narcoestado.

Paloma Valencia ha hecho lo que los medios afines al gobierno y gran parte de la élite progresista se niegan a hacer: exigir verdad y transparencia. No se trata de una cacería de brujas. Se trata de que los colombianos sepan si su presidente, el hombre que juró defender la Constitución y las leyes, mantiene vínculos reales con los mismos carteles que envenenan a la juventud colombiana y estadounidense.

Mientras el petrismo intenta minimizar el escándalo con su habitual narrativa victimista, los hechos avanzan. El Departamento de Justicia de EE.UU. no acostumbra a investigar a presidentes en ejercicio por capricho. Si las averiguaciones confirman los presuntos nexos, Colombia enfrentará una crisis institucional de proporciones históricas, provocada enteramente por haber entregado el poder a una izquierda que nunca ha distinguido claramente entre política y delito.

La exigencia de Paloma Valencia debe ser compartida por todo colombiano decente: que se llegue hasta el fondo, sin importar cuán incómodas resulten las conclusiones. Porque un presidente presuntamente vinculado al narcotráfico no solo deshonra el cargo. Amenaza la supervivencia misma de Colombia como nación soberana y democrática.