Dos pesadas figuras del crimen organizado colombiano, alias «Papá Pitufo» y «Pipe Tuluá», habrían sido mencionadas en investigaciones federales estadounidenses que indagan los presuntos nexos entre el narcotráfico y la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Mientras el gobierno niega todo y habla de «acusaciones sin fundamento», las versiones que circulan en medios de EE.UU. apuntan directamente al hermano del presidente y a posibles beneficios judiciales para criminales a cambio de dinero sucio y «apoyo político»

La investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos adelanta contra Gustavo Petro por posibles nexos con el narcotráfico ha dado un paso más y ahora involucra directamente a dos conocidos criminales colombianos: Andrés Felipe Marín, alias «Pipe Tuluá», exjefe de la banda La Inmaculada, y Diego Marín, conocido como «Papá Pitufo», señalado como líder de redes de contrabando. Ambos nombres habrían surgido en las indagaciones federales que se desarrollan en Nueva York y que analizan con lupa los supuestos aportes ilegales a la campaña presidencial de Petro en 2022.

Según versiones conocidas en medios estadounidenses, fiscales federales en Manhattan y Brooklyn están revisando información que apunta a vínculos entre actores del narcotráfico y la estructura que llevó a Petro al poder. En ese contexto, alias «Pipe Tuluá» —recientemente extraditado a Estados Unidos— habría declarado que fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, durante la campaña del 2022. El supuesto objetivo: negociar beneficios judiciales, como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero. Esta revelación forma parte de lo que ya se conoce públicamente como el “Pacto de la Picota”, uno de los capítulos más oscuros y sospechosos de la forma en que la izquierda radical llegó a la Casa de Nariño.

Por su parte, el nombre de «Papá Pitufo» aparece vinculado a otro episodio turbio: la presunta entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña presidencial. Aunque se dice que parte de esos recursos habrían sido devueltos, el hecho de que un capo del contrabando haya sido mencionado en este contexto genera serias dudas sobre la pureza de las fuentes de financiamiento del petrismo. Estas no son simples habladurías de patio: forman parte de investigaciones preliminares que incluyen testimonios y evidencias recopiladas tanto por fiscales federales como por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La DEA, por su lado, maneja una segunda línea de investigación basada en fuentes confidenciales que hablan de presuntos nexos con organizaciones criminales internacionales y movimientos financieros sospechosos. Todo esto ocurre mientras el gobierno colombiano se desgañita negando cualquier vínculo. Funcionarios como Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y la propia Embajada de Colombia en Washington han salido a descalificar los reportes como «información no verificada» basada en fuentes anónimas. El propio Gustavo Petro, fiel a su estilo victimista, ha escrito en redes sociales que «no existe ningún proceso judicial en su contra» y que cualquier investigación servirá para «aclarar las acusaciones».

Este patrón de negación absoluta es típico de la izquierda latinoamericana cuando se le señala su histórica cercanía con el crimen organizado. Desde Chávez y Maduro en Venezuela, pasando por los Kirchner en Argentina y hasta el propio Petro, la receta es siempre la misma: negar, victimizarse y acusar a «la derecha» y al «imperialismo» de fabricar conspiraciones. Mientras tanto, las evidencias siguen acumulándose en despachos judiciales de Nueva York y en los archivos de la DEA.

Lo más grave es que estas investigaciones no ocurren en el vacío. Coinciden con el evidente fortalecimiento de grupos armados ilegales en Colombia, la explosión de la producción de cocaína durante este gobierno y la implementación de la llamada «paz total», que en la práctica ha significado entregar territorio y concesiones a narcoterroristas a cambio de supuesta gobernabilidad. Si un presidente llega al poder con presuntos aportes de capos del narcotráfico y luego gobierna con complacencia hacia esos mismos círculos, el resultado no puede sorprender a nadie: más violencia, más coca y menos Estado.

Hasta el momento no hay acusación formal ni notificación oficial contra Petro, pero la sola existencia de estas indagaciones preliminares con testimonios de extraditados como «Pipe Tuluá» y «Papá Pitufo» ya representa un golpe devastador a la legitimidad del actual régimen. Un presidente cuya campaña habría recibido dinero sucio del crimen organizado no puede seguir gobernando como si nada ocurriera, menos aun cuando su política de seguridad ha debilitado sistemáticamente a las Fuerzas Armadas y ha empoderado a los mismos grupos que ahora controlan regiones enteras del país.

La izquierda colombiana, que tanto presume de moral superior y de «cambio histórico», enfrenta ahora la posibilidad real de que su victoria del 2022 haya sido financiada con dineros del narcotráfico. Si las investigaciones de EE.UU. confirman estos nexos, Colombia estará ante la mayor crisis institucional de su historia reciente: un presidente presuntamente atado al crimen organizado que, además, ha gobernado con una agenda ideológica radical que prioriza el diálogo con delincuentes sobre la seguridad de los colombianos.

Mientras Petro y sus voceros siguen negando la realidad, los colombianos exigen verdad. Porque si alias «Papá Pitufo» y «Pipe Tuluá» están declarando ante la justicia estadounidense, no es por capricho de «la derecha». Es porque hay hechos concretos que merecen ser investigados hasta las últimas consecuencias, sin importar cuánto duela al proyecto político de la izquierda.