Mientras el gobierno de Gustavo Petro celebra su fracasada «paz total», un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela el grave deterioro de la seguridad en Colombia, el fortalecimiento de grupos armados ilegales y el riesgo real de violencia preelectoral que pone en jaque las elecciones de 2026. Lejos de proteger la democracia, la izquierda petrista ha entregado vastas regiones del país al control de narcoguerrilleros.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha entregado un informe que, aunque envuelto en el lenguaje diplomático y burocrático habitual de la ONU, deja al descubierto una verdad incómoda que los defensores del petrismo no podrán ocultar: la democracia colombiana se encamina este 2026 hacia un estado de grave fragilidad, provocada en gran medida por la deliberada política de debilidad frente al terrorismo y el narcotráfico que ha caracterizado al gobierno de Gustavo Petro.

Según el documento, Colombia enfrenta «riesgos significativos» derivados del deterioro de la seguridad, el creciente control territorial de grupos armados ilegales y el aumento de la violencia preelectoral. Aunque la ONU reconoce que las instituciones colombianas «permanecen intactas», admite que están bajo fuerte estrés debido a la caída de la confianza pública, el incremento de la violencia relacionada con las drogas y las presiones sobre defensores de derechos humanos.

El informe es particularmente alarmante al señalar que la defensoría del pueblo de Colombia identificó más de 600 municipios en alto riesgo de violencia que amenazan directamente la seguridad del proceso electoral de 2026. Amenazas y homicidios contra líderes sociales y figuras políticas se han disparado, un fenómeno que no ocurre en el vacío, sino como resultado previsible de la «paz total» petrista, esa política que en la práctica ha significado desmantelar la presión militar sobre los grupos armados y permitirles consolidar su «gobernanza ilegal armada».

Regiones enteras como la costa Pacífica y Catatumbo están cada vez más bajo el control efectivo de organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Estos grupos no solo trafican cocaína a gran escala, sino que imponen su ley, limitan las libertades políticas y deciden quién puede hacer campaña y quién no. Esto no es «resistencia popular», como romantiza la izquierda: es la consolidación de narcoestados dentro del territorio colombiano, facilitados por un gobierno que ha preferido negociar con criminales antes que derrotarlos.

El Ministerio de Defensa, en un intento evidente de mostrar control, ha declarado que 2026 será «el año de la seguridad y la democracia». Sin embargo, esta declaración suena hueca cuando el propio gobierno ha sido el principal artífice del debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía, mediante recortes presupuestales, cambios ideológicos en la doctrina y una narrativa constante que presenta al militar y al policía como «represores» en lugar de garantes del orden.

Estados Unidos, por su parte, ha expresado su preocupación por el aumento sin precedentes de la producción de cocaína bajo este gobierno. La relación diplomática se tensa precisamente porque Washington observa con alarma cómo la política antidrogas de Petro, basada en la negación de la fumigación y en el diálogo con narcoguerrilleros, ha convertido a Colombia nuevamente en el principal proveedor mundial de cocaína, afectando directamente la seguridad de ambos países.

Este es el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI aplicado en Colombia: bajo la retórica de «cambio» y «justicia social», se desmantela el Estado de derecho, se empodera al crimen organizado y se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La izquierda colombiana, fiel a su tradición continental, demuestra una vez más que su prioridad nunca ha sido la democracia, sino la concentración de poder, incluso si para ello debe pactar con los mismos grupos que asesinan, extorsionan y envenenan al pueblo.

La erosión de la confianza en el gobierno Petro no es un fenómeno espontáneo. Es el resultado directo de ver cómo un presidente investigado por presuntos nexos con el narcotráfico (según revelaciones del New York Times y el Departamento de Justicia de EE.UU.) sigue al frente del país mientras las regiones caen bajo control de bandas armadas.

Los colombianos que aún creen en una Colombia segura, próspera y soberana tienen razones fundadas para mirar con temor las elecciones de 2026. No se trata solo de cambiar de gobierno: se trata de recuperar el territorio que la izquierda ha entregado a los enemigos de la nación, restaurar la autoridad del Estado y poner fin a la complacencia criminal disfrazada de «paz total».

Si no se revierte esta tendencia, 2026 no será una fiesta democrática, sino un campo minado donde los grupos armados ilegales dictarán quién puede participar y quién debe callar. Ese es el legado que la ideología petrista y la izquierda latinoamericana están dejando: más violencia, más narco gobiernos y menos democracia real. Sobre lo que no hay duda es sobre quién recaerá el apoyo de estos actores armados durante las elecciones presidenciales de marzo. A Iván Cepeda no le dicen «el heredero» por casualidad.