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Un informe de Colombia Compra Eficiente reveló que el Servicio Nacional de Aprendizaje firmó más de 37.000 contratos antes de que entraran en vigencia las restricciones electorales.
La entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero de 2026 volvió a poner bajo la lupa la contratación estatal en épocas electorales. Un informe de Colombia Compra Eficiente (CCE) reveló que, durante las semanas previas a la restricción para la contratación directa y convenios interadministrativos, las entidades públicas celebraron contratos por cerca de $37 billones de pesos en todo el país.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) aparece como la entidad con mayor volumen de contratación. De acuerdo con los registros oficiales del SECOP, recopilados por CCE, la entidad firmó 37.626 contratos por un valor superior a $1,7 billones. El SENA es dirigido por Jorge Londoño, quien asumió el cargo tras ser identificado políticamente con el Partido Alianza Verde.
La cifra no es menor dentro del contexto electoral, pues la Ley de Garantías fue creada en 2005 con el propósito de evitar que los recursos públicos se utilicen para favorecer campañas políticas. Aunque no existe, hasta ahora, una determinación oficial que establezca irregularidades en estos contratos, los montos han generado alertas entre veedores y sectores políticos.
El informe también ubica al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como la segunda entidad con mayor contratación en ese periodo, con 15.627 contratos que suman $1,2 billones. Le siguen la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con 3.123 contratos por más de $508.000 millones, y el Ministerio de Educación, con 966 contratos que superan los $442.000 millones.
El SENA ya había sido objeto de controversias en 2025. En mayo de ese año, la Procuraduría General abrió una investigación por presuntas irregularidades en procesos de contratación dentro de la entidad, tras conocerse audios en los que supuestamente se hablaba de posibles favorecimientos en vinculación de personal. Asimismo, el sindicato SINSINDESENA denunció en enero de 2026 presuntas presiones políticas a contratistas, acusaciones que fueron negadas por la dirección de la entidad.
En términos territoriales, las ciudades con mayores montos contratados antes de la restricción fueron Barranquilla, con 6.947 contratos por más de $1,3 billones; Bogotá, con 20.763 contratos por $1,2 billones; Medellín, con 1.277 contratos que superan los $894.000 millones; Cali, con $736.000 millones en 10.889 contratos; y Cartagena, con $431.000 millones en 6.198 contratos.
El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla Tejeda, aclaró que los datos corresponden a la información reportada por las propias entidades contratantes en el SECOP y que estas son responsables de la veracidad y actualización de los documentos cargados en la plataforma. El debate ahora gira en torno a si este volumen de contratación responde a una dinámica administrativa habitual o si, como advierten algunos sectores, refleja una aceleración previa a las restricciones electorales.
