José Fernando Picalúa Ochoa aseguró ante la Fiscalía que nunca interpuso la denuncia anónima que terminó vinculando a altos oficiales con un presunto complot contra el presidente.

Un nuevo giro sacude el caso del supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro. El abogado José Fernando Picalúa Ochoa aseguró ante la Fiscalía que fue víctima de suplantación en un documento anónimo que comenzó a circular desde octubre del año pasado en la Casa de Nariño, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Policía Nacional. En ese escrito se consignaban presuntas denuncias contra el general Edwin Urrego, el coronel Óscar Moreno y otros oficiales de alto rango señalados de supuestos actos de corrupción.

Según revelaciones periodísticas, el documento habría sido promovido por una veeduría que recopiló varias firmas. En uno de sus apartes se afirmaba que el coronel Moreno habría permitido tráfico de drogas en Barranquilla, específicamente en sectores como Las Flores y Sabanilla. Sin embargo, el propio Picalúa Ochoa radicó un oficio ante la Fiscalía en el que asegura que jamás interpuso tal denuncia y que el contenido del documento es “espurio”, a pesar de que allí figura su dirección de correo electrónico como canal de notificación.

El general Edwin Urrego, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue retirado por decreto presidencial tras ser vinculado con el supuesto complot. Actualmente se encuentra en incapacidad médica. Urrego ha manifestado que desde octubre del año pasado comenzó a circular el anónimo que, según él, buscaba enlodar su nombre y el de otros oficiales. Atribuye a ese documento la decisión que puso fin a sus 32 años de carrera institucional.

Picalúa explicó que empezó a recibir notificaciones de la Fiscalía relacionadas con esa noticia criminal, lo que le permitió conocer que su nombre y correo electrónico estaban siendo utilizados sin su consentimiento. En su comunicación formal pidió expresamente que no se le diera trámite a la denuncia, al advertir que nunca presentó acusación alguna contra los oficiales mencionados.

“Utilizaron el nombre de mi correo en la falsa denuncia de fuente anónima como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo”, señaló el abogado en el oficio radicado ante el ente acusador el 5 de septiembre en Barranquilla.

El caso ahora queda en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si efectivamente se trató de una suplantación de identidad y quién estaría detrás del documento anónimo que terminó generando consecuencias disciplinarias y administrativas para oficiales de alto rango. La investigación también deberá determinar si el escrito formó parte de una estrategia para afectar decisiones institucionales o si fue utilizado como insumo para sustentar medidas adoptadas desde el Ejecutivo.