Un informe de la Contraloría General reveló un incremento del 64 % en el número de contratos frente a 2022 y un aumento del 75 % en el valor comprometido durante el último mes previo a la restricción electoral.

El inicio de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero de 2026 volvió a encender las alarmas sobre el comportamiento de la contratación pública en época preelectoral. Un informe de la Contraloría General de la República, basado en los datos reportados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), reveló que durante ese mes se registró un incremento significativo tanto en el número de contratos como en los montos comprometidos frente al mismo periodo de 2022.

Según el ente de control fiscal, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 el número de contratos pasó de 103.563 en 2022 a 160.616, lo que representa un aumento del 64,48 %. En cuanto al valor contratado, el monto total creció un 75,14 %, al pasar de $5,4 billones a $9,5 billones en el mismo comparativo. En el consolidado general, incluyendo orden nacional, territorial y corporaciones autónomas, durante enero se firmaron 521.269 contratos que suman $32,88 billones.

Del total, el orden territorial concentró 348.495 contratos por $17,7 billones; el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones; y las corporaciones autónomas reportaron 7.961 contratos por $0,3 billones. La Contraloría destacó que la mayor concentración se produjo en la última semana del mes, entre el 26 y el 30 de enero, cuando se adjudicaron $14,8 billones. Solo el 30 de enero se firmaron contratos por $5,7 billones, convirtiéndose en el pico del periodo analizado.

El informe también compara el comportamiento con el ciclo electoral anterior. En 2022, la contratación directa consolidada había sido de 495.527 contratos por $25,22 billones, mientras que en 2026 se registraron variaciones incrementales del 5,2 % en número de contratos y del 30,4 % en valores. Aunque la Contraloría aclaró que el aumento no implica automáticamente irregularidades ni favorecimientos políticos, sí advirtió que el comportamiento resulta inusual y amerita seguimiento.

Entre las entidades con mayor volumen de contratación figuran el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con $1,72 billones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con $1,26 billones; y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con $0,76 billones. A nivel territorial, los mayores montos se concentraron en Barranquilla ($1,33 billones), Medellín ($0,88 billones) y Cali ($0,54 billones).

El delegado de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), Andrés Felipe Cifuentes, señaló que el incremento podría representar riesgos en la contratación pública y confirmó que se están realizando cruces de información para identificar posibles concentraciones de recursos. En paralelo, la senadora Angélica Lozano denunció que cerca de 2.500 contratistas vinculados a entidades como el Ministerio del Interior, Planeación Nacional, Ministerio de Ciencia y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte no han recibido pagos desde diciembre, lo que agrega tensión al panorama administrativo previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.