Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao consideran insuficientes las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y exigen una intervención total de la institución.

La decisión del Ministerio de Educación de imponer medidas preventivas y formular cargos contra la Fundación de Educación Superior San José, en medio del escándalo por la expedición de presuntos títulos falsos relacionados con Juliana Guerrero, desató una fuerte controversia política. Las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao calificaron la actuación del Gobierno como insuficiente y exigieron una intervención más drástica.

El Ministerio anunció la formulación de cargos contra la institución, su rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por presuntos incumplimientos graves en los procesos académicos y administrativos relacionados con la expedición de títulos. Además, ordenó una vigilancia especial y medidas administrativas que incluyen la implementación de un plan de mejoramiento y la designación de una inspectora para realizar acompañamiento y verificación interna.

Sin embargo, Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso y actual aspirante al Senado, cuestionó que no se haya ordenado la toma de activos ni la sustitución de las directivas de la institución. En su cuenta de X señaló que la Universidad de Antioquia sí fue intervenida en su momento, mientras que en el caso de la San José, según afirmó, llevan seis meses esperando decisiones más contundentes. “¿Qué más necesitan? Ya hicimos la investigación por ustedes, hay imputados por falsos títulos, hasta llegó primero la Fiscalía que ustedes y todavía siguen los mismos directivos allá. ¡No más negligencia!”, escribió.

Por su parte, la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao afirmó que es “falso” que se hayan impuesto las medidas más drásticas. Sostuvo que una verdadera intervención implicaría la remoción de directivas y la toma total del control por parte del Ministerio. “Pero como esta institución tiene amigos en el Gobierno, se limitaron a pedirle a las mismas directivas corruptas que por favor mejoren”, señaló, calificando la vigilancia preventiva como un “chorro de babas”.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, respondió directamente a Pedraza a través de redes sociales. Afirmó que este tipo de decisiones no pueden tomarse bajo presión política ni con fines electorales. “Mi trabajo no puede supeditarse a su urgencia electoral”, escribió el funcionario, quien defendió que los procesos administrativos requieren meses de trabajo técnico y respeto al debido proceso.

Antes del anuncio oficial de las medidas, Pedraza había solicitado la conformación de una mesa técnica para atender la situación de los estudiantes y egresados de la Fundación San José, argumentando que existen cientos de personas con incertidumbre sobre la validez de sus títulos y estudios en curso. Según el Ministerio, la vigilancia especial busca precisamente proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas.

Los investigados cuentan con 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas dentro del proceso sancionatorio. Por ahora, las medidas no implican el cierre de la institución, decisión que ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de las congresistas.