La Casa de Nariño respondió ante un juez que los hechos denunciados por Marelbys Meza no hacen parte de sus funciones institucionales.

En medio del proceso de reparación directa que adelanta Marelbys Meza contra el Estado colombiano, la Presidencia de la República tomó distancia del escándalo de las interceptaciones ilegales y la prueba de polígrafo que rodearon a Laura Sarabia en 2023. La entidad respondió ante el juez que los hechos relatados por la demandante no le constan y que no corresponden a sus funciones institucionales.

Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera en la residencia de Laura Sarabia cuando esta se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, demandó al Estado tras ser señalada del robo de un maletín que, según Sarabia, contenía hasta 7.000 dólares en efectivo. De acuerdo con su relato, fue sometida a una prueba de polígrafo en instalaciones vinculadas a la Casa de Nariño y posteriormente objeto de interceptaciones telefónicas ilegales, al igual que Fabiola Perea, otra trabajadora doméstica.

En el documento enviado al despacho judicial, la Presidencia sostuvo que desconoce la ocurrencia de los hechos narrados y que, aunque Sarabia fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los asuntos relacionados con la eventual contratación de servicios domésticos en su vivienda privada son ajenos a las competencias y responsabilidades de la entidad. “No nos consta”, señala expresamente la respuesta oficial.

El caso tuvo repercusiones penales. En el proceso relacionado con las interceptaciones ilegales ya se registraron aceptaciones de responsabilidad por parte de dos policías implicados y condenas contra otros uniformados. Las investigaciones revelaron que miembros de la Policía solicitaron a la Fiscalía interceptar líneas telefónicas bajo el argumento de que las empleadas estaban vinculadas a estructuras criminales. A Marelbys Meza le atribuyeron el alias de “La Cocinera”, supuestamente relacionada con alias Siopas, exintegrante del Clan del Golfo; mientras que a Fabiola Perea le asignaron el alias de “La Madrina”.

La cronología del escándalo comenzó a principios de 2023, cuando Sarabia denunció la pérdida del dinero. El caso derivó en un operativo irregular que incluyó la prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño y la activación de interceptaciones telefónicas sin los fundamentos adecuados. Ambas trabajadoras sostienen que fueron víctimas de abuso de poder y vulneración de sus derechos, por lo que reclaman una millonaria indemnización.

Con su respuesta ante el juez, la Presidencia busca desligar la responsabilidad institucional de los hechos, mientras el proceso de reparación continúa su curso y se define si el Estado deberá responder patrimonialmente por lo ocurrido.