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Andrés Felipe Marín Silva pasó de sicario local en Tuluá a cabecilla criminal con poder desde prisión, hasta ser extraditado a Estados Unidos en medio de un pulso diplomático.
En una cárcel de Estados Unidos pasó la noche uno de los criminales más temidos de la última década en Colombia. Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, fue extraditado en una operación que coincidió de manera exacta con la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump en Washington.
La extradición se ejecutó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. A las 2:00 de la madrugada, un grupo de aproximadamente 70 uniformados de la Dijín e Interpol llegó a la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, donde Marín permanecía recluido. Dos horas después, fue trasladado en un avión de la DEA hacia el Distrito Este de Texas, requerido por una Corte federal por cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos.
El procedimiento fue interpretado por fuentes oficiales como un mensaje directo a Washington. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó el operativo en su cuenta de X en español e inglés, señalando que Colombia “seguirá trabajando con los Estados Unidos desde el respeto, la cooperación y los hechos”.
La trayectoria criminal de “Pipe Tuluá” se remonta a comienzos de los años 2000, cuando ingresó como sicario a la banda “La Inmaculada”, surgida en un barrio del mismo nombre en Tuluá, Valle del Cauca. Inicialmente, el grupo ejecutaba trabajos de sicariato para el cartel del Norte del Valle y, posteriormente, para la estructura criminal de “Los Rastrojos”.
Bajo el mando de Óscar Darío Restrepo Rosero, alias “Porrón”, la organización amplió su radio de acción hacia municipios como Sevilla, Buga, Guacarí y Andalucía. Con el tiempo, además del sicariato y el microtráfico, la banda incursionó en extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y vigilancia ilegal.
El punto de quiebre en la carrera de Marín llegó en 2015, año en el que fue capturado junto con su jefe. Aunque quedó privado de la libertad, su influencia creció desde las cárceles, donde tejió alianzas con estructuras criminales nacionales e internacionales. Desde prisión coordinó cobros, homicidios y operaciones relacionadas con el narcotráfico, lo que le permitió expandir su red a departamentos como Cauca y Quindío, además de establecer vínculos con el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el cartel de Sinaloa, según informes de la Policía.
Los intentos del Inpec por aislarlo, trasladándolo entre distintos centros penitenciarios y restringiendo sus comunicaciones, provocaron una escalada de violencia. Marín habría ordenado la creación de una organización ficticia denominada “Muerte a Guardianes Opresores” (MAGO), utilizada para ejecutar un plan sistemático contra funcionarios penitenciarios.
De acuerdo con investigaciones judiciales, este plan dejó al menos 14 víctimas. Entre ellas figuran el dragoneante Édinson Montenegro Cardona, asesinado en 2017 en Tuluá; Léider Romo Rojas, acribillado en Buga en 2024; y Óscar Quevedo, expresidente del sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios, asesinado en Palmira el mismo año. En 2022, Marín fue condenado a 30 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en 39 homicidios y siete tentativas de asesinato.
Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, “La Inmaculada” intentó acogerse a la política de “paz total”. Desde prisión se promovieron acercamientos para obtener beneficios jurídicos a cambio de la desmovilización de la estructura. Estos intentos se intensificaron cuando bandas del Valle de Aburrá avanzaron en procesos de diálogo con el Ejecutivo.
En ese contexto se produjo un episodio que llamó la atención de las autoridades: el 10 de junio de 2025, el CTI de la Fiscalía allanó la celda de Marín en la cárcel La Picota por un supuesto plan de homicidio contra otro interno. Durante el procedimiento estuvieron presentes la senadora Isabel Zuleta y la abogada del cabecilla, y se entregó un arma que presuntamente sería usada en el atentado. Zuleta aseguró entonces que actuó como observadora de paz y que el objetivo era proteger la vida de un gestor de paz reconocido por el Gobierno.
Las aspiraciones de Marín se diluyeron tras el deterioro de la relación con Estados Unidos. La descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton aceleraron el proceso de extradición, cerrando cualquier opción de beneficios bajo la “paz total”.
En ese nuevo escenario, alias “Pipe Tuluá” pasó de aspirante a negociador a ficha clave en la agenda bilateral. Su extradición marcó el final de su influencia desde las cárceles colombianas y significó un alivio para los funcionarios del Inpec, que durante años estuvieron bajo amenaza directa de su estructura criminal.
