La esposa del ministro Guillermo Jaramillo es señalada de intervenir en EPS y hospitales pese a haber declarado impedimento formal.

Una nueva controversia sacude al sistema de salud en Colombia. La congresista Jennifer Pedraza radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada de la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por una presunta intervención irregular en hospitales y EPS, pese a existir un conflicto de interés reconocido por la propia funcionaria.

Según la denuncia, Gómez Consuegra habría participado en decisiones administrativas, procesos de intervención y nombramientos de agentes interventores en entidades directamente relacionadas con el Ministerio de Salud, cartera que dirige su esposo desde 2023. Para la congresista, estos hechos configuran posibles faltas disciplinarias por abuso de poder y desconocimiento del deber de imparcialidad.

“Es un hecho notorio: Beatriz es funcionaria, también esposa del ministro Jaramillo. Pese a este vínculo y al impedimento que ella firmó con su puño y letra, reconociendo que el interés del MinSalud le impide actuar, ha tenido injerencia directa en hospitales y EPS”, afirmó Pedraza.

Entre los casos documentados figura el Hospital Nazareth de Uribia, en La Guajira, donde Gómez Consuegra habría participado en la resolución de intervención forzosa y emitido un concepto favorable para el nombramiento de la agente interventora. La denuncia también menciona el Hospital Local de Cartagena de Indias, el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., en el Valle del Cauca, y el Hospital María Inmaculada, en Caquetá, en los que la firma y el cargo de la funcionaria aparecen en actos relacionados con procesos de intervención, pese a que su impedimento le prohibía actuar en estos asuntos.

La denuncia incluye además la presunta participación de Gómez Consuegra en discusiones y decisiones relacionadas con la intervención de EPS como Emsanar y Sanitas. En el caso de Sanitas, la congresista aseguró que la funcionaria habría intervenido incluso en la aprobación de la terna para la designación del interventor, a pesar de reconocer previamente que existía un interés directo del Ministerio de Salud.

“¿Cómo puede vigilar con neutralidad lo que le interesa al Ministerio de su pareja?”, cuestionó Pedraza, al advertir que estos hechos comprometen la independencia de la Superintendencia de Salud y la transparencia del sistema.

La representante solicitó a la Procuraduría que se abra una indagación disciplinaria, recordando que la Ley 1952 de 2019 prohíbe expresamente a los servidores públicos intervenir en asuntos donde exista interés directo o indirecto, conducta que podría derivar en sanciones disciplinarias graves.

Esta denuncia se suma a otra presentada en abril de 2025 por la misma congresista, relacionada con el escándalo del buque hospital proyectado para el Amazonas. En ese caso, Pedraza denunció presuntos tratos intimidatorios, violencia verbal y obstrucción del cumplimiento de funciones por parte de Gómez Consuegra hacia otros funcionarios públicos.

“El año pasado ya la había denunciado ante la Procuraduría, pero ella negó todo. Hoy lo hago nuevamente porque siguen apareciendo hechos que demuestran cómo están utilizando a la SuperSalud para tramitar intereses del Ministerio, en un claro escenario de conflicto de interés y presiones”, concluyó la congresista.

Hasta el momento, ni la Superintendencia de Salud ni el Ministerio de Salud han emitido un pronunciamiento oficial frente a la denuncia.