La ejecución de 26 integrantes de las disidencias de las Farc en El Retorno reveló una reconfiguración del conflicto armado en el suroriente del país y encendió las alertas por el riesgo de que el Guaviare siga el camino de regiones históricamente golpeadas como el Catatumbo.

La masacre ocurrida en el municipio de El Retorno, Guaviare, marcó un punto de quiebre en la dinámica del conflicto armado en el suroriente del país. Los 26 hombres asesinados no murieron en combate ni por intoxicación, sino que fueron ejecutados luego de rendirse, según informes de inteligencia conocidos por Colprensa. Los hechos confirmaron que la región dejó de ser un escenario aislado de confrontaciones esporádicas para convertirse en un eje estratégico dentro de la guerra entre facciones disidentes de las Farc.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el 16 de enero cerca de 40 hombres adscritos a la estructura de alias ‘Iván Mordisco’ fueron sorprendidos mientras descansaban al mediodía. Más de 100 combatientes del grupo rival, liderado por alias ‘Calarcá’, rodearon el campamento y, aprovechando su superioridad, exigieron la rendición bajo la promesa de respetar la vida de los ocupantes. Tras entregar sus armas, municiones, equipos de comunicación y provisiones, los hombres fueron agrupados y ejecutados con disparos a corta distancia.

La investigación reveló que detrás del ataque hubo una traición interna. Alias ‘Korea’, mando de la estructura de ‘Mordisco’, habría entregado las coordenadas del campamento, las rutinas de seguridad y los puntos débiles de la organización a cambio de más de 500 millones de pesos y el control de rentas ilegales asociadas a la minería ilícita, el narcotráfico y la extorsión. Este acuerdo incluyó el silenciamiento de la red de informantes civiles que alertaba sobre movimientos armados en la zona, permitiendo el ingreso del grupo atacante sin resistencia.

La masacre ocurrió en la vereda La Paz, considerada por inteligencia militar como el núcleo histórico y logístico de la estructura de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare. Este punto estratégico conecta rutas hacia distintas zonas del departamento y habría albergado caletas con armamento, explosivos y dinero en efectivo. Su toma reconfiguró el mapa de poder criminal en el suroriente del país y consolidó el avance de la facción de ‘Calarcá’.

Analistas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) explicaron que la disposición de los cuerpos respondió a una estrategia deliberada de guerra psicológica. La exposición de los cadáveres buscó enviar un mensaje de dominio armado tanto a los grupos rivales como a la población civil, reforzando el control territorial mediante el miedo y la intimidación. Este tipo de prácticas, según los expertos, fractura el tejido social y obliga a las comunidades a someterse a una gobernanza armada impuesta.

Informes de inteligencia indican que en Colombia existen al menos 14 focos activos de confrontación armada entre grupos ilegales. El caso de Guaviare resulta especialmente grave porque conecta los conflictos del Meta y Caquetá, cerrando un corredor de violencia que rodea al departamento por sus fronteras estratégicas. Esta dinámica reproduce patrones observados en regiones como el Catatumbo, caracterizados por baja presencia estatal, confinamientos, desplazamientos forzados y señalamientos contra la población civil.

A diferencia de otras zonas históricamente visibilizadas, Guaviare enfrenta un escenario de limitada atención institucional. Expertos advierten que se trata de un territorio de colonización, con alta presencia de cultivos ilícitos, economías ilegales asociadas a la deforestación y el acaparamiento de tierras, y una débil legitimidad del Estado. Reportes ambientales indican que más de 88.000 hectáreas fueron deforestadas recientemente en el arco amazónico, fenómeno que ha facilitado el lavado de activos y el fortalecimiento financiero de los grupos armados.

El crecimiento de la facción liderada por alias ‘Calarcá’ ha sido significativo. Según cifras citadas por la FIP, esta estructura pasó de aproximadamente 2.200 hombres en 2022 a cerca de 3.800 en 2026, un incremento del 72 %. Analistas sostienen que este fortalecimiento ocurrió mientras avanzaban procesos de diálogo, aprovechando ceses al fuego parciales que limitaron la capacidad de reacción de la Fuerza Pública.

La crisis humanitaria derivada del conflicto encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre el riesgo de exterminio físico y cultural de pueblos indígenas como los Nukak y los Jiw, atrapados entre disputas armadas, confinamientos y desplazamientos forzados. La falta de una respuesta estatal efectiva ha profundizado la percepción de abandono institucional y debilitado la confianza de las comunidades en la protección de sus derechos fundamentales.