La representante Jennifer Pedraza aseguró que existen facturas de la DIAN que evidenciarían pagos realizados después de la fecha oficial de graduación, lo que reforzaría las sospechas sobre la obtención irregular de títulos académicos en la Fundación San José.

El caso de Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), adquirió una nueva dimensión tras las recientes revelaciones hechas por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Según la congresista, existen documentos oficiales que demostrarían la presunta compra de títulos académicos, lo que habría permitido a Guerrero acceder y mantenerse en cargos dentro del actual Gobierno nacional.

Pedraza afirmó que cuenta con lo que calificó como la “prueba reina” del caso, consistente en facturas oficiales expedidas y registradas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De acuerdo con la información revelada, dichos documentos reflejarían pagos por cerca de 8 millones de pesos correspondientes a derechos de grado y matrículas en los programas de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable cursados en la Fundación de Educación Superior San José.

El elemento central de la denuncia radica en la cronología de los pagos. Según Pedraza, las facturas registran consignaciones por valores de $1.000.000, $2.000.264 y $4.776.300 que habrían ingresado a las cuentas de la institución educativa casi un mes después de la fecha oficial de graduación de Guerrero, fijada el 1 de julio de 2025. Para la congresista, esta secuencia temporal refuerza la hipótesis de que los títulos no fueron obtenidos a través de un proceso académico regular.

“Tenemos la prueba reina de cómo la San José le vendió el título a Juliana Guerrero”, sostuvo Pedraza, quien además solicitó formalmente al Ministerio de Educación la intervención inmediata de la Fundación San José. La representante también pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar posibles omisiones en los procesos de inspección, vigilancia y control sobre la institución educativa.

Estos nuevos señalamientos se suman a antecedentes ya conocidos en el caso. El pasado 7 de noviembre, la propia Fundación de Educación Superior San José anunció la anulación de los títulos otorgados a Juliana Guerrero, luego de concluir un proceso interno de verificación. Según comunicó la institución en ese momento, no se encontraron registros de actividad académica, asistencia a clases ni evidencias de cumplimiento de los requisitos formativos exigidos por la ley.

La Fundación indicó que la decisión se tomó tras agotar el debido proceso y luego de identificar “hallazgos parciales relevantes” que comprometían la integridad y legalidad del proceso de titulación. Este anuncio generó un fuerte impacto político y administrativo, dado el rol de Guerrero como delegada presidencial en el Consejo Superior Universitario de la UPC.

Al escándalo académico se suma un nuevo frente de cuestionamientos de carácter fiscal. La Contraloría General de la República reportó recientemente un hallazgo fiscal por $213.548.069 relacionado con el uso de aeronaves de la Policía Nacional durante el periodo en que Juliana Guerrero se desempeñaba como secretaria ejecutiva del despacho del Ministro del Interior.

De acuerdo con el ente de control, en junio de 2025 se habrían realizado desplazamientos en rutas como Bogotá–Valledupar y Valledupar–Aguachica–Valledupar con el propósito de asistir a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Para la Contraloría, estos viajes no guardaban relación directa con la misionalidad del Ministerio del Interior, por lo que fueron calificados como una “gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente”.

Con la suma de estos elementos, el caso de Juliana Guerrero continúa escalando en los ámbitos político, administrativo y judicial, mientras avanzan las solicitudes de intervención y las actuaciones de los organismos de control frente a las presuntas irregularidades académicas y el uso de recursos públicos.