La captura de Zulma Guzmán en Londres no estaría relacionada con un intento de suicidio, sino con una maniobra para evadir a las autoridades, según información de Interpol que ahora refuerza la hipótesis de premeditación en el envenenamiento de dos menores en Bogotá.

La versión inicial que circuló tras la captura de Zulma Guzmán Castro en Londres, según la cual la empresaria habría intentado suicidarse arrojándose al río Támesis, ha sido desvirtuada por información proveniente de Interpol y revelada por la periodista María Elvira Arango. De acuerdo con fuentes internacionales, el episodio no obedeció a un acto desesperado para acabar con su vida, sino a una reacción extrema para evadir a las autoridades británicas luego de conocer que existía un requerimiento judicial en su contra por el presunto envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá.

Guzmán fue localizada y detenida el pasado 17 de diciembre cuando se encontraba en inmediaciones del río Támesis. Al momento de ser abordada por agentes del Reino Unido, portaba una maleta y un paquete. Según la información conocida, al ser informada de que era requerida por la justicia colombiana por hechos ocurridos en abril de 2025, reaccionó lanzándose al agua como una maniobra de fuga. Esta conducta fue interpretada inicialmente como un intento de suicidio, pero las autoridades internacionales sostienen ahora que se trató de una acción deliberada para escapar.

El comandante James Anthony relató al medio local The Chiswick Calendar que durante el operativo de rescate la mujer presentó una resistencia física y psicológica poco común, oponiéndose activamente a ser auxiliada por los equipos de emergencia. Este comportamiento reforzó la tesis de que no se trataba de una persona que buscara ser salvada, sino de alguien que intentaba evitar su captura a toda costa. Tras ser rescatada, Guzmán fue trasladada a un centro hospitalario, estabilizada y posteriormente dada de alta.

Según la periodista María Elvira Arango, una vez recuperada, la empresaria recibió la orden de presentarse días después para la notificación formal de su proceso de extradición. Sin embargo, lejos de acatar la instrucción, regresó a su residencia y adquirió tiquetes con destino a Brasil. Este nuevo intento de evasión fue frustrado gracias a una alerta internacional emitida por Interpol, que permitió su captura definitiva antes de que pudiera abandonar el país.

Paralelo a estos hechos, la Fiscalía en Colombia ha venido fortaleciendo el acervo probatorio en contra de Guzmán. Entre los elementos más relevantes se encuentra un dispositivo GPS que habría sido instalado sin autorización en el vehículo de Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas y con quien la sospechosa sostuvo una relación extramatrimonial durante seis años. El dispositivo fue entregado al ente acusador y actualmente es sometido a análisis forense, ya que contiene una tarjeta SIM de la que podrían extraerse registros de ubicación, desplazamientos y posibles coordinaciones previas al envío de las frambuesas contaminadas con talio.

Este localizador resulta clave para los investigadores, pues permitiría reconstruir los movimientos de Guzmán en los días previos a los hechos y establecer si existió una planificación previa del envenenamiento. La propia empresaria había reconocido públicamente la instalación del GPS en una entrevista concedida a Focus Noticias, declaración que ahora cobra un peso determinante dentro del expediente judicial.

Adicionalmente, esa misma entrevista habría sido fundamental para ubicar su paradero en Europa. Durante la grabación, los investigadores notaron que Guzmán consumía agua embotellada de la marca Buxton, un producto que se comercializa casi de forma exclusiva en determinadas regiones del Reino Unido. Este detalle permitió a las autoridades descartar otros países y concentrar la búsqueda en territorio británico, lo que facilitó su posterior localización.

En la actualidad, Zulma Guzmán permanece recluida en la prisión HMP Bronzefield, considerada la cárcel de mujeres más grande de Europa, a la espera de que se concrete su proceso de extradición a Colombia, que podría materializarse en febrero de 2026. Para la Fiscalía, los nuevos elementos conocidos no solo descartan la hipótesis del suicidio, sino que refuerzan la tesis de una conducta premeditada y de reiterados intentos por evadir la acción de la justicia en un caso que ha generado una profunda conmoción nacional.