La Procuraduría General ha iniciado una indagación previa por el significativo aumento en la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el primer semestre de 2024.

El martes 17 de septiembre, la Procuraduría General anunció la apertura de una indagación preliminar sobre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debido a un presunto aumento injustificado en la contratación por prestación de servicios. Según las investigaciones, entre enero y junio de 2024, se habrían firmado 4.853 contratos, lo que representa un incremento del 2,1 % respecto al año anterior. Este crecimiento ha suscitado dudas sobre la legalidad y justificación de estas contrataciones.

Además, la investigación busca esclarecer si los contratistas cumplían con los requisitos necesarios para desempeñar las tareas asignadas y si dichas actividades eran realmente necesarias para la entidad. También se examinará si la ANT ha estado cumpliendo con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una de las principales responsabilidades de la entidad.

El origen de la investigación se encuentra en denuncias realizadas por el senador Miguel Uribe Turbay, quien criticó el aumento de contratistas en la ANT y señaló que muchos de los nuevos empleados tenían vínculos políticos o carecían de la experiencia técnica necesaria. Uribe ha manifestado su preocupación por el uso de recursos estatales para beneficiar a operadores políticos y ha señalado que, a pesar del aumento en la contratación, los resultados para los campesinos han sido nulos.