El dueño de la microempresa Samat Publicidad S. A. S., que figura como principal aportante a la campaña de Iván Cepeda en Cuentas Claras, asegura que no hizo ninguna donación y que todo corresponde a trabajos de impresión aún no pagados.

La polémica por la financiación de la campaña de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico sigue creciendo. Esta vez, el foco está en la versión del empresario que aparece como el principal aportante. Javier Pérez, propietario de la microempresa Samat Publicidad S. A. S., con sede en Barranquilla, aseguró que nunca realizó una donación política, pese a que los informes oficiales de la campaña lo registran como responsable de aportes que suman $725 millones de pesos.

Según los reportes presentados por la campaña de Cepeda ante la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), $609 millones fueron consignados como contribución de la empresa Samat Publicidad S. A. S., mientras que otros $116 millones aparecen como aporte individual del propio Javier Antonio Pérez. En conjunto, estas cifras representan cerca del 75 % del total de los gastos reportados por la campaña, que ascendieron a $964 millones, dentro de un tope legal autorizado de $6.080 millones.

Pérez, sin embargo, rechaza de manera tajante esa versión. En entrevista con este diario, afirmó que los valores registrados no corresponden a donaciones, sino a trabajos de impresión encargados por la campaña y que, incluso, aún no le han sido cancelados. “Yo en ningún momento he donado un peso. Esos dineros que aparecen ahí son trabajos que ellos me encargaron: periódicos y volantes de la campaña. Todavía no me han pagado, porque el convenio es que me cancelan cuando el fondo electoral les pague a ellos”, sostuvo.

El empresario explicó que uno de los valores corresponde a un trabajo ya facturado y el otro a un encargo adicional que se registró por separado, razón por la cual aparecen dos montos distintos. “Insisto: ninguno de los dos me los han cancelado. No fue una donación, fue un contrato de prestación de servicios”, afirmó, agregando que cuenta con un contrato firmado que respalda su versión, aunque no lo hizo público.

La contradicción central del caso está en la naturaleza del registro contable. Mientras Javier Pérez sostiene que se trata de servicios prestados, los documentos de la campaña, revelados por el periodista Melquisedec Torres, consignan los recursos en el formulario de “contribuciones o donaciones” y no como gastos pendientes por pagar a un proveedor. Esa diferencia no es menor: en términos legales y de control electoral, una donación implica una lógica completamente distinta a la de un contrato comercial.

Este diario verificó que Samat Publicidad S. A. S. está registrada desde 2018 en la Cámara de Comercio de Barranquilla, con actividad económica en servicios de impresión, publicidad y comercio al por mayor. No obstante, según certificados mercantiles citados por el periodista Torres, la empresa reporta un capital pagado de apenas $20 millones y no registra ingresos por actividad ordinaria, lo que ha generado cuestionamientos sobre su capacidad financiera para figurar como aportante por más de $600 millones.

Pérez explicó que su llegada a la campaña no fue casual y que se dio por recomendación directa de Antonio Peñaloza, secretario general del Polo Democrático. “Yo vengo trabajando hace años con amigos del Polo. Antonio Peñaloza fue quien me recomendó porque siempre le he trabajado y nunca le he quedado mal. Me dijo que necesitaban periódicos y plegables para la campaña de Cepeda y se hizo el trabajo”, relató.

Según su versión, Peñaloza actuó como intermediario para que su microempresa fuera contratada, y actualmente incluso tendrían otros trabajos en curso para la misma campaña. Sin embargo, el empresario insiste en que esa relación comercial fue reportada de manera incorrecta por el equipo contable de la campaña, al figurar como donación y no como un servicio contratado y aún pendiente de pago.

El caso deja abiertas varias preguntas clave para las autoridades electorales: si hubo un error en la clasificación de los recursos, quién lo cometió, por qué se reportaron como donaciones y no como obligaciones contractuales, y si esa forma de registro cumple o no con las normas de financiación política. Mientras tanto, Javier Pérez insiste en que su nombre fue vinculado injustamente a una donación que, según él, nunca existió.

“Eso es mentira. Yo no he regalado plata. Yo trabajé y estoy esperando que me paguen”, concluyó el empresario, en una controversia que sigue sumando presión sobre la transparencia de las campañas del Pacto Histórico.