La congresista Cathy Juvinao fue hasta la dirección reportada por la empresa que figura como prestamista principal de la campaña de Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico. Lo que halló —según su denuncia— fue una dirección que no cuadra y un negocio que “no existe”.

La financiación política volvió a encender alarmas en Colombia, esta vez por un episodio que mezcla contabilidad electoral, registros mercantiles y verificación en la calle. En medio de denuncias por presuntas irregularidades en la financiación de campañas del Pacto Histórico durante las consultas internas, la congresista Cathy Juvinao divulgó un video en el que asegura haber ido personalmente a comprobar la existencia del negocio que figura como uno de los principales “prestamistas” de la campaña de Carolina Corcho.

Según lo expuesto en la denuncia pública, la empresa señalada aparece registrada como “Gusteau Chefcito” (también mencionada como Chefcito S.A.S.) y, de acuerdo con lo reportado, habría prestado aproximadamente $742 millones de pesos, cifra que —según la propia Juvinao— equivaldría a alrededor del 52% del costo total de la campaña de Corcho en esa consulta. Esa sola proporción, por el peso que tendría dentro de la contabilidad, es el punto de partida del cuestionamiento: ¿cómo un supuesto restaurante puede respaldar una operación financiera de ese tamaño?

El núcleo de la controversia se centra en la dirección. Juvinao afirmó que, conforme a la información consignada en Cámara de Comercio, la empresa figura con domicilio en carrera 77I con calle 69B, número 72, en la localidad de Bosa. Sin embargo, al recorrer la zona, sostuvo que la nomenclatura del sector no corresponde con ese número y que, en la práctica, no existe una “69B con 72” como aparece en el registro. En su relato, dice haber encontrado secuencias de numeración distintas (por ejemplo, intersecciones con 62, 66 y 76), lo que, a su juicio, refuerza la sospecha de que el domicilio reportado sería inconsistente o inexistente.

A esto se suma lo que la congresista describe como señales de inactividad en los registros de la empresa. En su denuncia, Juvinao afirmó que el negocio llevaría cerca de cuatro años sin actualizar el registro mercantil, lo cual —según su interpretación— podría ser compatible con una empresa inactiva o en liquidación. También sostuvo que el último dato relevante que encontró en los reportes sería un registro de activos por $1.720.000 en 2020, sin evidencia posterior de ingresos o movimientos recientes. Con ese contexto, la congresista lanzó la pregunta que ahora domina el debate: de existir esa estructura empresarial en las condiciones descritas, ¿de dónde salió la capacidad para prestar una suma cercana a los $750 millones?

El episodio escaló porque no se trata únicamente de una disputa política, sino de una discusión sobre estándares mínimos de transparencia y trazabilidad del dinero en campañas, especialmente cuando los recursos provienen de préstamos privados. En su mensaje, Juvinao exigió explicaciones directas y planteó la necesidad de una auditoría más profunda, señalando que la campaña —según su lectura— “arranca muy mal” si el origen del dinero no se aclara con pruebas verificables. En la práctica, el caso abre un frente que no se resuelve con discursos: lo que está sobre la mesa son documentos, rutas financieras, soportes contables y la coherencia entre lo reportado oficialmente y lo comprobable en el terreno.

En términos de cronología, el relato público queda planteado así: primero se conocen denuncias sobre posibles anomalías en financiación; luego se identifica a “Gusteau Chefcito” como empresa prestamista por una suma millonaria; posteriormente se revisan registros de domicilio y reportes mercantiles; y, finalmente, se produce la visita presencial al sector en Bosa, donde —según la congresista— no aparece el establecimiento ni la dirección coincide con la nomenclatura real. A partir de ahí, el debate se desplaza de la especulación a un escenario de exigencia de soportes: contratos de mutuo, extractos, procedencia de fondos, certificaciones y la trazabilidad completa del dinero.

“Vine a buscar el restaurante Gusteau Chefcito que prestó casi $750 millones y no existe nada en la dirección dada… ¿De dónde sacaron esa plata para prestarle a usted?”, cuestionó Cathy Juvinao en el video divulgado desde Bosa, al pedir explicaciones y una auditoría forense de la campaña.