Documentos oficiales, registros mercantiles y visitas en terreno revelan serias inconsistencias en las empresas que aportaron más de $1.400 millones a la consulta del Pacto Histórico.

Las cuentas de la consulta del Pacto Histórico comienzan a mostrar grietas profundas que van mucho más allá de simples errores administrativos. Al revisar los informes presentados ante Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral y contrastarlos con registros mercantiles, visitas físicas y análisis contables, surgen inconsistencias difíciles de explicar. De los $2.392 millones reportados en total por las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, al menos $1.462 millones provienen de empresas que no registran actividad económica, ingresos operacionales o incluso existencia física comprobable.

En el caso de Iván Cepeda, su campaña reportó gastos por $964 millones, de los cuales $125 millones corresponden a recursos propios. El restante fue registrado como “contribuciones o donaciones de particulares”, destacándose Samat Publicidad S.A.S., una microempresa de Barranquilla, como la principal aportante con $609 millones, además de otros $116 millones atribuidos a su representante legal, Javier Antonio Pérez. Sin embargo, los registros de la Cámara de Comercio muestran que esta empresa fue constituida en 2018 con un capital de apenas $20 millones y que, durante siete años consecutivos, ha reportado ingresos operacionales y utilidades en cero pesos.

Desde el punto de vista contable, expertos consultados advierten que esta situación es altamente irregular. Una empresa dedicada a la impresión debería registrar depreciación de maquinaria, movimientos de caja, gastos mínimos de operación y pagos asociados a servicios públicos y nómina. Nada de eso aparece. Legalmente, Samat Publicidad declara no haber vendido un solo servicio en años, pero en la práctica figura como financiadora de cientos de millones de pesos en una campaña política nacional. Incluso el establecimiento comercial vinculado a la empresa reporta activos aún menores, de apenas $2 millones, lo que profundiza la brecha entre la realidad financiera declarada y los montos movilizados.

El propio Javier Pérez negó que haya realizado donaciones y aseguró que se trata de trabajos de impresión aún no pagados, gestionados por intermediación política desde el Polo Democrático. No obstante, en los documentos oficiales de la campaña, esos recursos no figuran como cuentas por pagar ni contratos de prestación de servicios, sino como donaciones políticas, lo que abre interrogantes sobre una posible omisión de ingresos, una donación sin capacidad patrimonial o una incorrecta —y potencialmente ilegal— clasificación contable ante el CNE.

Las dudas se replican en la campaña de Carolina Corcho. Según los informes entregados al Consejo Nacional Electoral, el 52 % de sus gastos —equivalentes a $737,7 millones de un total de $1.428 millones— provienen de préstamos otorgados por una empresa denominada “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación”. Esta firma, registrada como un restaurante de corrientazos en el sur de Bogotá, aparece sin ingresos, con activos inferiores a $2 millones y en proceso de liquidación desde 2025. Una visita en terreno realizada por la congresista Cathy Juvinao confirmó que el local reportado simplemente no existe en la dirección suministrada.

En palabras de Juvinao, la empresa “reportó activos por $1’720.000 hasta 2020, no volvió a registrar ingresos y hoy está inactiva”, lo que hace imposible explicar cómo pudo prestar casi $750 millones para financiar una campaña política. El contraste entre la precariedad financiera declarada y los montos reportados ante el CNE vuelve a encender las alarmas sobre la trazabilidad real del dinero que financió la consulta del petrismo.