El nombramiento del nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia revive cuestionamientos por su pasado guerrillero y un secuestro frustrado en 1988, documentado por la prensa de la época.

El presidente Gustavo Petro designó a René Guarín como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una de las entidades más sensibles del aparato estatal. Con este nombramiento, Guarín se convierte en el cuarto funcionario en ocupar ese cargo durante el actual gobierno, en una sucesión marcada por perfiles provenientes del antiguo Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera a la que también perteneció el propio mandatario. Antes que Guarín, pasaron por la DNI Jorge Arturo Lemus Montañez, Carlos Ramón González —hoy prófugo de la justicia— y Manuel Alberto Casanova Guzmán, todos exintegrantes de esa guerrilla desmovilizada en 1990.

La designación generó inquietud en sectores políticos y de opinión pública al conocerse que Guarín no solo militó en el M-19 durante los años ochenta, sino que fue capturado en medio de un intento de secuestro ocurrido el 28 de mayo de 1988. De acuerdo con investigaciones periodísticas de la época, el objetivo de esa acción fue el publicista Jorge Valencia Ángel, gerente de la empresa Atlas Publicidad. El secuestro fue frustrado gracias a una reacción de la Policía Nacional, que detectó la operación y se enfrentó a los miembros del grupo armado involucrados.

En una investigación publicada años después, la periodista Claudia Morales relató que la víctima fue trasladada a las afueras de Bogotá y obligada a subir a un vehículo campero en el que se movilizaba René Guarín. Durante el operativo policial se produjo un enfrentamiento armado en el que murió uno de los integrantes del M-19 y fueron capturadas varias personas, entre ellas Guarín y María Antonia Espitia, entonces estudiante de la Universidad Nacional. En el procedimiento, las autoridades incautaron un arsenal que incluía fusiles, carabinas, pistolas, revólveres y granadas, algunas de ellas robadas previamente a unidades del Ejército y a civiles en distintos asaltos.

Los registros históricos, citados por medios como El Tiempo, detallan que las armas incautadas estaban vinculadas a otras acciones armadas del M-19, incluyendo el asalto al municipio de Nemocón en 1986, en el que murió un subteniente del Ejército. Aunque Guarín se desmovilizó en marzo de 1990 tras el acuerdo de paz con el M-19, su nombre quedó registrado en ese episodio, que hoy vuelve al centro del debate público debido a su designación como jefe máximo de la inteligencia civil del país.

El perfil de Guarín también está atravesado por una historia personal ligada al conflicto armado. Es hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, desaparecida durante la retoma militar de noviembre de 1985. Durante décadas, Guarín fue una de las voces más visibles en la exigencia de verdad y justicia por los desaparecidos, hasta que los restos de su hermana fueron entregados en 2016, más de treinta años después. Ese hecho marcó su activismo político y su cercanía con sectores que denuncian la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos.

La controversia se intensificó luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciara públicamente que habría información sobre una presunta utilización de la DNI para realizar seguimientos a dirigentes de la oposición. En un mensaje publicado en la red social X, Gutiérrez afirmó haber sido alertado sobre una supuesta comisión exclusiva en Medellín destinada a perseguir opositores, y cuestionó directamente el pasado del nuevo director de la entidad.