Aunque el régimen chavista anunció excarcelaciones tras la captura de Nicolás Maduro, ciudadanos colombianos continúan detenidos sin proceso judicial ni garantías mínimas.

Tras la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, una de las primeras decisiones anunciadas por el régimen fue la liberación de presos políticos, medida que se dio en medio de fuertes presiones diplomáticas, especialmente por parte de Estados Unidos. En los días posteriores, decenas de detenidos comenzaron a salir de las cárceles venezolanas. Sin embargo, más de veinte ciudadanos colombianos continúan privados de la libertad, sin que hasta ahora exista claridad sobre su situación jurídica.

Las detenciones de colombianos ocurrieron de manera progresiva entre febrero y octubre de 2025, aunque algunos casos se remontan incluso a finales de 2024. Según los registros recopilados por organizaciones humanitarias y medios de comunicación, más de cincuenta colombianos fueron capturados en ese período, principalmente en zonas fronterizas, en un contexto marcado por la tensión política y las elecciones en Venezuela.

Las capturas se caracterizaron por graves irregularidades. A los detenidos no se les informó que serían privados de la libertad, no fueron presentados ante un juez, no se les imputaron cargos, no se les asignó defensa legal y, en muchos casos, pasaron semanas o meses sin poder comunicarse con sus familias. Todos fueron recluidos en la cárcel El Rodeo, uno de los centros de reclusión más cuestionados del país.

Las condiciones dentro de El Rodeo han sido descritas como inhumanas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha documentado celdas de dos por dos metros, camas de cemento, colchonetas deterioradas, comida vencida, acceso restringido al agua potable y condiciones de insalubridad extremas. A esto se suma el aislamiento prolongado y el maltrato psicológico sistemático.

EL COLOMBIANO habló con Brayan Navarro, uno de los colombianos que logró salir de prisión tras varios meses de reclusión. Su testimonio describe a El Rodeo como “el infierno en la tierra”. Según relató, el control psicológico era constante y los prisioneros vivían bajo la permanente amenaza de represalias. “No se puede confiar en nadie allá adentro”, afirmó. También señaló que las autoridades les repetían que sus casos eran “especiales” y que hacían parte de investigaciones secretas del Estado venezolano.

Con el paso de los meses, los detenidos supieron que estaban siendo acusados, sin pruebas, de formar parte de un supuesto plan internacional para sabotear las elecciones venezolanas. Ninguna de estas acusaciones ha sido sustentada judicialmente ni ha dado lugar a procesos formales.

Desde el ámbito diplomático, la respuesta ha sido limitada. EL COLOMBIANO consultó al entonces vicecanciller Jaramillo Jassir, quien confirmó que el 17 de mayo de 2025 una delegación de la Embajada de Colombia en Caracas, encabezada por el embajador Milton Rengifo, intentó visitar a los detenidos en El Rodeo y entregarles kits de aseo. Las autoridades venezolanas impidieron el acceso y bloquearon cualquier contacto con los prisioneros.

Posteriormente, el 29 de mayo, el viceministro reconoció que, aunque existían canales diplomáticos abiertos, no había cooperación efectiva por parte del sistema penitenciario ni del aparato judicial venezolano. “No siempre obtenemos información, sobre todo con lo relacionado a las autoridades carcelarias y a la Rama Judicial”, aseguró.

El 22 de octubre de 2025, una veintena de colombianos fue finalmente liberada. No obstante, más de veinte permanecen encarcelados hasta hoy. Desde entonces, no ha habido pronunciamientos oficiales claros sobre su situación, más allá de declaraciones generales que aluden a “sospechas serias” de conspiración contra el régimen chavista.

Las historias de quienes siguen presos reflejan un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Nubia, familiar de David Josué, relató que su pariente era mototaxista en la frontera y fue detenido únicamente por transportar a un ciudadano peruano con pasaporte estadounidense. Mientras el ciudadano extranjero fue liberado tras gestiones de Washington, David continúa recluido en Rodeo I, sin explicación alguna.

Otro caso es el de Arley, cuyo estado de salud preocupa a su familia. Su hermana Lorena Espieta afirmó que, en una breve comunicación en mayo, él le contó que apenas recibía agua una o dos veces al día, salía al patio solo una hora, siempre con capucha y esposado, y que sufre problemas gástricos y alergias severas en manos y muñecas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha advertido que los presos políticos enfrentan una situación especialmente crítica, con síntomas de desnutrición, diarreas constantes, infecciones cutáneas y falta total de atención médica. A pesar de ello, la Cancillería colombiana no ha emitido nuevos pronunciamientos sobre los más de veinte connacionales que siguen detenidos arbitrariamente.