La Registraduría confirmó que nueve aspirantes presidenciales lograron certificar firmas, pero a seis ya les fue negada la inscripción por no cumplir los requisitos legales.

A pocos meses de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el proceso de inscripción de candidaturas por medio de recolección de firmas avanza con resultados dispares. Este viernes, el registrador nacional Hernán Penagos confirmó que la Registraduría ya certificó las firmas de nueve aspirantes presidenciales, quienes lograron superar el umbral mínimo exigido por la ley para inscribirse por este mecanismo ciudadano.

Entre los aspirantes que sí cumplieron con el requisito se encuentran el exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, el exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quienes lograron validar más de 635.000 firmas, cifra mínima requerida para avalar una candidatura presidencial sin respaldo de partido político.

De acuerdo con Penagos, el proceso de verificación también dejó por fuera a seis aspirantes, cuyas solicitudes fueron negadas por inconsistencias en las firmas presentadas. Se trata de Pedro Rosado, Mihaly Flandorffer, Alexander Henao, Ernesto Sánchez, Henry Martínez y Pedro Pablo Díaz, quienes no alcanzaron el número exigido o presentaron problemas como datos ilegibles, firmas duplicadas y errores en la información consignada.

“El balance hasta ahora es que nueve cumplieron el número mínimo de 635.000 firmas necesarias para poder inscribirse a la Presidencia por este mecanismo. Seis fueron negados”, explicó el registrador en diálogo con Noticias RCN. No obstante, aclaró que los aspirantes rechazados aún pueden interponer el derecho de contradicción, aunque enfatizó que la Registraduría ha realizado una revisión exhaustiva de cada caso.

El funcionario reveló además que 21 grupos significativos de ciudadanos presentaron más de 28 millones de firmas, una cifra que calificó como “descomunal” y que da cuenta del crecimiento exponencial de este mecanismo. Penagos defendió los procedimientos técnicos y aseguró que la entidad cuenta con herramientas avanzadas para cruzar la información con el archivo nacional de identificación y el censo electoral, con el fin de garantizar la autenticidad de las rúbricas.

El plazo final para la verificación de firmas vence el próximo 21 de enero, fecha en la que la Registraduría deberá concluir el proceso y emitir las certificaciones definitivas. El umbral exigido corresponde a 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3 % de los votos válidos obtenidos en la primera vuelta presidencial de 2022, cuando se registraron 21.173.842 votos.

El crecimiento del uso de este mecanismo ha sido notable. Según datos oficiales, la inscripción de grupos significativos de ciudadanos pasó de 52 en 2022 a 91 en el actual proceso electoral, lo que representa un aumento del 75 %. Esta tendencia confirma una escalada sostenida: en 2010 solo hubo dos movimientos por firmas; en 2014 fueron 14; en 2018 ascendieron a 45; y ahora se alcanza la cifra más alta desde la creación de este modelo de inscripción.

El fenómeno no se limita a la carrera presidencial. Para las elecciones legislativas de 2026, la Registraduría contabilizó 79 comités inscritos por firmas: 35 para el Senado y 44 para la Cámara de Representantes, lo que refuerza la idea de que este mecanismo se ha convertido en una vía cada vez más utilizada para acceder al poder.

Aunque la recolección de firmas fue concebida como una herramienta para democratizar el acceso a la política y permitir que ciudadanos sin partido compitan en igualdad de condiciones, distintas organizaciones han advertido sobre su uso estratégico. Entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia han señalado que este mecanismo se ha transformado en una forma de campaña anticipada, sin topes claros de financiación y con fines de medición de popularidad electoral.

Según estos organismos, la recolección de firmas también se utiliza para negociar avales y coaliciones una vez se conocen los niveles de respaldo ciudadano, lo que distorsiona el espíritu original del mecanismo y genera ventajas frente a otros aspirantes que deben cumplir reglas más estrictas dentro de los partidos políticos.