El ministro del Interior advirtió consecuencias penales y patrimoniales para los mandatarios que se nieguen a aplicar el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro.

La confrontación entre el Gobierno nacional y varios gobernadores del país por el decreto de emergencia económica escaló un nuevo nivel tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien lanzó una dura advertencia a los mandatarios regionales que han anunciado que no aplicarán las medidas tributarias expedidas por el presidente Gustavo Petro.

Benedetti fue enfático en señalar que los gobernadores no tienen la facultad de suspender la aplicación de un decreto con fuerza de ley, y advirtió que hacerlo constituye, a su juicio, una usurpación de funciones de la Corte Constitucional, único órgano competente para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia económica.

“La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, afirmó el ministro del Interior, calificando la postura de los gobernadores como un “mal ejemplo” institucional.

El jefe de la cartera política fue más allá y alertó sobre posibles consecuencias penales y patrimoniales para los mandatarios departamentales que persistan en su negativa. Según Benedetti, los gobernadores podrían incurrir en prevaricato al no cumplir una norma vigente y, además, enfrentar responsabilidades económicas directas.

“También podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, agregó el ministro, subrayando que el desconocimiento del decreto no eximiría a los departamentos de las obligaciones fiscales que impone la emergencia económica.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de una creciente resistencia regional frente al decreto, liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció que su departamento inaplicará la medida mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad, hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo.

Rendón ha calificado el decreto como “inconstitucional” y como una “abusiva carga tributaria” que, según él, pondría en riesgo la financiación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte. De acuerdo con el mandatario antioqueño, la Constitución le otorga a los entes territoriales mecanismos de defensa frente a actos que, a su juicio, desbordan los límites constitucionales.

“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, sostuvo Rendón en declaraciones a medios de comunicación.

El gobernador también advirtió que la medida representa una amenaza directa a la autonomía fiscal de las regiones, señalando que el incremento de impuestos podría generar una disminución real en los recaudos por el aumento del contrabando y el impacto negativo en el consumo legal, afectando de manera estructural los ingresos departamentales.

“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, afirmó.

La postura de Rendón ha sido respaldada por otros mandatarios regionales. De acuerdo con lo conocido, alrededor de 17 departamentos evalúan acogerse al mismo argumento jurídico, lo que desde sectores del Gobierno ha sido calificado como una especie de “rebelión” contra la administración Petro.

Desde la óptica del Ministerio del Interior, esta estrategia carece de sustento, pues —según Benedetti— la excepción de inconstitucionalidad no puede utilizarse de manera generalizada para suspender la aplicación de normas nacionales, menos aún cuando se trata de un decreto expedido bajo el marco de una emergencia económica declarada por el Ejecutivo.

El choque deja en evidencia una fractura institucional profunda entre el Gobierno central y las regiones, en un contexto marcado por tensiones fiscales, cuestionamientos jurídicos y advertencias cruzadas sobre las consecuencias legales de desobedecer una norma de alcance nacional.

Mientras la Corte Constitucional se prepara para analizar la legalidad del decreto, el pulso político y jurídico continúa, con gobernadores que defienden su autonomía y un Gobierno que insiste en la obligatoriedad inmediata de las medidas adoptadas bajo la emergencia económica.