La gobernadora del Valle del Cauca aseguró que la decisión de 17 mandatarios de no acogerse al decreto de emergencia económica busca evitar un golpe fiscal a la salud, la educación y el deporte en las regiones.

Un día después de que la Federación Nacional de Departamentos (FND) hiciera público el comunicado en el que 17 gobernadores del país anunciaron que no se acogerán al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, salió a explicar con detalle los motivos de esta decisión y a rechazar que se trate de una confrontación política con la Casa de Nariño.

En entrevista con Caracol Radio – W Radio, el viernes 16 de enero de 2026, la mandataria vallecaucana advirtió que la aplicación del decreto tendría efectos profundamente negativos para las regiones, especialmente en sectores que dependen casi por completo de las rentas departamentales como la salud, la educación y el deporte.

“Nosotros estamos buscando todas las instancias jurídicas para poder decirle a la justicia los problemas que se nos vienen a las regiones en caso de que se aplique la emergencia económica de licores y cigarrillos”, afirmó Toro al inicio de la entrevista, dejando claro que la respuesta de los gobernadores se está construyendo sobre bases jurídicas y no sobre decisiones improvisadas.

La gobernadora insistió en que los principales afectados no serían los gobiernos departamentales como instituciones, sino directamente las comunidades. “Es a la gente, es a la comunidad, porque es a la salud, es a la educación, es al deporte”, explicó, señalando que los recursos provenientes de las rentas de licores y cigarrillos son fundamentales para financiar el régimen subsidiado de salud, uno de los frentes más críticos para los departamentos.

Toro contextualizó el problema señalando que estas rentas ya se han visto seriamente golpeadas por el contrabando, un fenómeno que, lejos de disminuir, podría incrementarse de manera dramática si se elevan los impuestos y se centralizan los recursos. “No vamos a tener recursos ni siquiera para pagar el régimen subsidiado, que es uno de los problemas que tenemos hoy por el contrabando del cigarrillo y el contrabando del licor”, advirtió.

El núcleo del desacuerdo entre los gobernadores y el Gobierno nacional radica en la centralización de rentas que, por mandato constitucional, pertenecen a los departamentos. Según explicó Toro, el decreto de emergencia económica permitiría que esos recursos sean absorbidos por el nivel central, dejando a las regiones sin capacidad financiera para responder a sus obligaciones básicas.

“Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación”, afirmó la mandataria. En ese sentido, planteó una disyuntiva clara: “O subimos impuestos que afectan a la gente y disparan el contrabando, o protegemos los recursos para que los ciudadanos puedan seguir teniendo salud y educación”.

Desde su perspectiva, la negativa de los gobernadores se sustenta en dos pilares: la autonomía financiera regional y la inconstitucionalidad del decreto. “La renta del cigarrillo y la renta del licor es una renta cedida constitucionalmente a los departamentos”, recordó Toro, cuestionando que esos recursos “se los van a llevar para Bogotá, para el nivel central”.

La gobernadora ilustró el impacto real que ya se vive en el Valle del Cauca. Según explicó, el departamento ha sufrido una disminución del 40 % en sus rentas, precisamente por el aumento del contrabando. “Esa renta es para pagar el régimen subsidiado. Y cuando se baja la renta, hay que compensar, porque la ley dice que de todas maneras hay que pagarlo”, sostuvo, advirtiendo que los departamentos no cuentan con otras fuentes suficientes de ingresos para cubrir ese déficit.

Toro fue enfática al señalar que, para la mayoría de los departamentos, las rentas propias se reducen prácticamente al licor y al cigarrillo. Por eso, si se incrementan los impuestos y los recursos se trasladan al Gobierno nacional, las regiones quedarían con el problema del contrabando y la caída de ingresos, pero sin acceso a los recursos adicionales que se generen.

Durante la entrevista, la mandataria también se refirió a los llamados desde sectores oficialistas para que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen a los gobernadores que se nieguen a aplicar el decreto. Frente a esa posibilidad, Toro aseguró que los mandatarios actuarán con sustento jurídico sólido.

“Vamos a actuar con tutelas y con todo el estudio jurídico necesario. No vamos a hacer las cosas por hacerlas. Las vamos a hacer como debe ser, de acuerdo con la ley y con la justicia”, afirmó, descartando cualquier actuación arbitraria.

Para explicar el impacto cotidiano de la medida, Toro puso un ejemplo concreto: “Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando?”, se preguntó, insistiendo en que ese escenario terminaría perjudicando tanto a los consumidores como a las finanzas públicas regionales.

La gobernadora también advirtió que la falta de recursos tendría efectos en cadena sobre la seguridad, la infraestructura y la atención social, áreas en las que, paradójicamente, los ciudadanos suelen responsabilizar a gobernadores y alcaldes. “Cuando hay problemas de inseguridad, le echan la culpa a los gobernadores y alcaldes, pero los recursos se los llevan al gobierno nacional”, señaló.

Finalmente, Toro reiteró que la postura de los 17 gobernadores no busca confrontar ni pelear, sino advertir sobre los efectos reales de una decisión que, a su juicio, no evaluó adecuadamente su impacto en las regiones. “Esto no es una confrontación. Es decirle al país y al gobierno que cuando se toman decisiones hay que prever qué efectos negativos va a generar en la gente”, concluyó.

La mandataria confirmó que el lunes 19 de enero de 2026 sostendrán una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, con la expectativa de que el Gobierno reconsidere el alcance del decreto. Mientras tanto, los departamentos avanzan en la preparación de acciones jurídicas para defender lo que consideran derechos fundamentales de las regiones.