Mandatarios departamentales califican de inconstitucional el decreto del Gobierno Petro y alertan que pone en riesgo la financiación de salud, educación y deporte en todo el país.

La tensión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios regionales escaló a un nuevo nivel tras la expedición del Decreto 1474 de 2025, con el cual el Ejecutivo incrementó el Impuesto al Consumo y elevó del 5 % al 19 % el IVA para productos como licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco, amparado en la declaratoria de emergencia económica.

Al término de una reunión extraordinaria en la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores del país anunciaron que preparan acciones jurídicas para frenar los efectos del decreto, al considerar que se trata de una medida abiertamente inconstitucional, que desconoce la autonomía de las regiones y compromete seriamente la financiación de los departamentos.

De manera unificada, los mandatarios coincidieron en que la decisión del Gobierno Petro representa un golpe directo a las finanzas territoriales, dado que el impuesto al consumo es una de las principales fuentes de recursos propios para los departamentos. Estos dineros, recalcaron, son fundamentales para sostener programas y servicios esenciales en salud, educación, deporte y atención social, especialmente en regiones con alta dependencia de estos ingresos.

Durante el encuentro, los gobernadores acordaron evaluar con urgencia el instrumento jurídico más idóneo para detener la aplicación del decreto mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la legalidad del estado de emergencia económica. Entre las opciones sobre la mesa se encuentra la excepción de inconstitucionalidad, que permitiría a los departamentos abstenerse de aplicar la norma por considerar que vulnera la Constitución.

Para sustentar su posición ante el alto tribunal, los gobernadores conformaron una comisión representativa que solicitará formalmente un espacio de intervención ante la Corte Constitucional. Esta comisión está integrada por las gobernadoras Adriana Magali Matiz (Tolima) y Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca); los gobernadores Andrés Julián Rendón (Antioquia), Luis Francisco Ruiz (Caquetá), Luis Alfonso Escobar (Nariño); y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Además del frente jurídico, los mandatarios regionales elevaron una fuerte advertencia en materia de seguridad y gobernabilidad. Solicitaron al Gobierno Nacional la realización urgente de Consejos Regionales de Seguridad, con el objetivo de analizar las medidas que se incluirán en el Plan Democracia de cara a las próximas elecciones. Según los gobernadores, estos espacios son clave para prevenir fenómenos como el constreñimiento electoral, el control territorial por grupos armados, el confinamiento de comunidades, las zonas vedadas y el favorecimiento político mediante el uso de las armas.

En ese contexto, los mandatarios también rechazaron las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien los calificó como un “mal ejemplo”. Los gobernadores exigieron respeto por la institucionalidad que representan y señalaron que ese tipo de señalamientos deslegitiman la autoridad regional, desconocen el mandato popular y menosprecian la labor que ejercen en sus territorios en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue una de las voces más firmes frente al decreto. La mandataria advirtió que su departamento no aplicará el impuesto al consumo mientras no exista un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional.

“Diecisiete gobernadores hemos dicho que no vamos a aplicar el decreto”, afirmó Toro, al recalcar que la medida tendría efectos devastadores sobre productos emblemáticos de las rentas departamentales.

Según explicó, el incremento del impuesto al consumo podría traducirse en un aumento de precios entre el 30 % y el 40 %, afectando directamente al consumidor final, golpeando la industria legal y reduciendo los ingresos que hoy financian programas sociales en los territorios.

El pulso entre las regiones y el Gobierno Petro queda ahora en manos de la Corte Constitucional, mientras crece la preocupación de los departamentos por lo que consideran un uso abusivo de la figura de emergencia económica para imponer reformas fiscales sin consenso ni respeto por la descentralización.