Los informes de Cuentas Claras revelan aportes millonarios a las campañas del petrismo provenientes de una empresa sin actividad económica y de un establecimiento comercial disuelto.

A pocos meses de las elecciones legislativas del 8 de marzo, los reportes de financiación de campañas políticas volvieron a quedar bajo escrutinio público. Esta vez, las miradas se centran en la consulta del Pacto Histórico, realizada a finales del año pasado, y particularmente en los recursos que financiaron las campañas de los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, ambos figuras representativas del petrismo.

La información, revelada inicialmente por La Silla Vacía y ampliada por el periodista Melquisedec Torres, proviene de los informes oficiales consignados en Cuentas Claras, la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde los aspirantes deben declarar el origen y destino de los recursos utilizados en campaña. La ley estableció para esta consulta un tope máximo de $6.080 millones, límite que no fue superado, pero cuyo origen sí genera interrogantes.

En el caso del senador Iván Cepeda, el informe señala que su campaña reportó gastos totales por $964 millones de pesos. De ese monto, $125 millones correspondieron a recursos propios del candidato, mientras que el restante fue financiado mediante “contribuciones o donaciones de particulares”. Lo que llamó la atención es que cerca del 75 % del total provino de una sola fuente.

La empresa Samat Publicidad S. A. S., con sede en Barranquilla, realizó una donación de $609 millones de pesos, convirtiéndose en el principal financiador de la campaña de Cepeda. A esto se sumó un aporte individual de $116 millones realizado por Javier Antonio Pérez, quien figuró como representante legal de la empresa en 2024. En conjunto, ambas contribuciones sumaron $725 millones, es decir, la mayor parte de los recursos utilizados.

Según los registros de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Samat Publicidad S. A. S. está matriculada desde 2018 y declara como actividades económicas servicios de impresión, publicidad y comercio de productos textiles y domésticos. Sin embargo, los documentos mercantiles revisados indican que la empresa no reportó ingresos por actividad ordinaria y que su capital pagado es de apenas $20 millones de pesos, una cifra que contrasta con la magnitud del aporte realizado.

Adicionalmente, imágenes de Google Maps de agosto de 2024 muestran que la empresa opera desde un modesto local ubicado en una esquina del centro de Barranquilla, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad real de la firma para realizar una donación de tal magnitud. Hasta el momento, no se han presentado explicaciones públicas que aclaren cómo una empresa sin ingresos reportados pudo financiar tres cuartas partes de una campaña política nacional.

Las dudas no se limitan a la campaña de Cepeda. En el caso de Carolina Corcho, los informes de Cuentas Claras indican que su campaña reportó gastos por $1.428 millones de pesos. De ese total, $737,7 millones, equivalentes al 52 %, provinieron de préstamos otorgados por una empresa registrada como “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación”.

De acuerdo con los registros mercantiles, esta empresa figura como un restaurante de corrientazos con nombre francés, ubicado en la carrera 77 I No. 69 B 72 Sur de Bogotá, dirección que —según el periodista Torres— no pudo ser ubicada ni siquiera a través de Google Maps. Los documentos oficiales indican además que la empresa se encuentra disuelta y en proceso de liquidación desde abril de 2025.

Más llamativo aún es que, al momento de su disolución, la empresa reportaba un capital inferior a los $2 millones de pesos y cero ingresos, lo que plantea serias preguntas sobre su capacidad para otorgar préstamos por más de $700 millones de pesos a una campaña presidencial. El 48 % restante de los gastos de Corcho se financió mediante 41 préstamos de personas naturales, según el reporte presentado al CNE.

Estos hallazgos se conocen en un momento clave del calendario electoral, cuando los partidos y movimientos políticos se preparan para las elecciones legislativas y presidenciales. Aunque los montos reportados no superan los topes legales, el origen de los recursos y la capacidad económica de los financiadores abren un debate sobre la transparencia, trazabilidad y control efectivo de la financiación política en Colombia.

Hasta ahora, ni Iván Cepeda ni Carolina Corcho han ofrecido explicaciones detalladas sobre estas irregularidades aparentes, mientras crece la presión para que el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control revisen con mayor profundidad la información consignada en Cuentas Claras y determinen si existen inconsistencias que ameriten investigaciones adicionales.