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El Ministerio Público investiga si recursos del Estado fueron utilizados para atender asuntos de carácter personal del presidente Gustavo Petro, tras la contratación directa de una firma extranjera para asesoría en sanciones financieras.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa disciplinaria tras la denuncia sobre un posible detrimento patrimonial derivado de la contratación de una firma internacional de abogados para la defensa del presidente Gustavo Petro, luego de que él, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueran incluidos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La actuación del Ministerio Público se produce luego de una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien alertó sobre la suscripción de un contrato por $10.000 millones de pesos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited, para la prestación de servicios de asesoría en materia de sanciones financieras internacionales.
Según expuso la congresista, la contratación genera serias dudas sobre su finalidad y legalidad, debido a que el propio abogado estadounidense Daniel Kovalik, representante legal de la firma contratada, había asegurado públicamente que asumiría la defensa del presidente Petro de manera gratuita, por convicción política. No obstante, meses después, se conoció la existencia de un contrato multimillonario financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.
“Un servicio jurídico que fue presentado como gratuito terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, señaló Miranda en su denuncia.
Ante estos hechos, la representante solicitó al Ministerio Público investigar si la contratación pudo configurar un detrimento patrimonial, así como posibles violaciones a los principios de la contratación pública, y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, incluyendo delitos como peculado o contratación irregular.
Tras una revisión preliminar, la Procuraduría estableció que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 fue suscrito el 9 de enero de 2026, con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, bajo la modalidad de contratación directa, y por un valor cercano a los $10.000 millones.
El ente de control advirtió que el contrato contempla un esquema de pagos de cuantía elevada, concentrados en un período muy corto de ejecución, lo que genera serios cuestionamientos desde el punto de vista de la planeación contractual. Según la Procuraduría, en el expediente no se evidencia una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del propio Estado colombiano, mecanismos de cooperación interinstitucional o el uso de expertos nacionales.
A esto se suma un elemento especialmente sensible: el contrato no exige garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía y de una contratación con un proveedor extranjero. Para el Ministerio Público, esta omisión podría vulnerar principios esenciales como la eficiencia, responsabilidad, planeación y transparencia que rigen la contratación estatal.
La Procuraduría también puso bajo la lupa el objeto del contrato, en la medida en que podría estar orientado a la defensa de intereses de carácter personal del presidente de la República y de miembros de su entorno cercano, y no a la atención de un asunto estrictamente institucional o de interés general del Estado colombiano.
En este contexto, el Ministerio Público ordenó la apertura formal de una indagación previa, cuyo propósito será determinar si existieron irregularidades disciplinarias en la suscripción y ejecución del contrato, así como identificar o individualizar a los posibles responsables. De acuerdo con la decisión, esta fase preliminar tendrá una duración de seis (6) meses, tiempo durante el cual se recopilarán documentos, se analizarán actuaciones administrativas y se evaluará la legalidad del uso de los recursos públicos comprometidos.
El caso se suma a una serie de cuestionamientos políticos y jurídicos que rodean la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton y el manejo institucional que el Gobierno le ha dado a esa situación, en medio de un clima de alta tensión política y escrutinio sobre el uso de los recursos del Estado.
