El Gobierno Petro vuelve a usar el Código Penal como garrote político frente a opiniones incómodas sobre soberanía y relaciones con Estados Unidos.

El Gobierno de Gustavo Petro vuelve a cruzar una línea peligrosa para la democracia. Esta vez, a través del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para denunciar penalmente a congresistas de oposición por publicaciones en redes sociales que, según él, pondrían en riesgo la soberanía nacional y la integridad territorial del país. La maniobra, más política que jurídica, ha encendido las alarmas entre expertos en derecho penal.

Sanguino sostiene que mensajes difundidos por congresistas como Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante Lina María Garrido, podrían configurar delitos contemplados en los artículos 455 y 458 del Código Penal, relacionados con el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria. En palabras del ministro, no se trataría de simples opiniones, sino de conductas que ameritan una revisión judicial.

Desde su cuenta en la red social X, el funcionario afirmó que actuará “como ciudadano colombiano” para que la Corte Suprema evalúe si estos pronunciamientos cruzan el umbral de lo permitido. Sin embargo, el trasfondo del anuncio revela algo más inquietante: un intento del Gobierno Petro por criminalizar el discurso político que no se alinea con su narrativa ideológica y su cercanía con regímenes de izquierda en la región.

Abogados penalistas consultados por EL PIROBO coinciden en que la tesis del ministro carece de sustento jurídico. La abogada Pamela Forero explicó que el delito de menoscabo a la integridad territorial está pensado para actos materiales que afecten fronteras o control territorial, no para trinos o declaraciones políticas. En el mismo sentido, el penalista Francisco Bernate señaló que este tipo de figuras penales se aplican a acciones concretas que alteren físicamente la soberanía del país, no a opiniones, por más incómodas o polémicas que resulten.

Ambos expertos coinciden en que el proceso tiene altas probabilidades de terminar archivado por falta de tipicidad. Aun así, advierten que el solo anuncio de denuncias penales cumple una función política: intimidar, desgastar y enviar un mensaje disuasivo a quienes se atrevan a cuestionar al Gobierno o a opinar sobre escenarios internacionales incómodos para la Casa de Nariño.

La controversia se produce en medio de un contexto regional altamente sensible, marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos y por declaraciones del presidente Donald Trump que incomodaron al Gobierno colombiano. Mientras Petro se apresuró a criticar a Washington y a relativizar los crímenes del chavismo, su ministro del Trabajo optó por apuntar contra congresistas colombianos, desviando la atención y elevando la tensión política interna.

Lo paradójico es que el mismo Gobierno que se presenta como defensor de la libertad y la democracia ahora insinúa que la expresión política puede convertirse en traición a la patria si no se ajusta a su línea ideológica. Un discurso que recuerda más a regímenes autoritarios que a una democracia liberal. Convertir el derecho penal en herramienta de persecución política no fortalece la soberanía: la debilita.

La Corte Suprema tendrá la última palabra, pero el episodio deja una señal clara. Bajo el Gobierno Petro, opinar distinto puede tener costo judicial, aunque no haya delito alguno. Una práctica peligrosa que EL PIROBO seguirá denunciando.