La intervención estatal a Nueva EPS termina afectando directamente a los pacientes

Colsubsidio Salud confirmó que a partir del 1 de enero de 2026 dejará de entregar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención del país, una decisión que impactará directamente a millones de afiliados y que se produce en medio de la profunda crisis del sistema de salud, agravada tras la intervención estatal ordenada por el Gobierno de Gustavo Petro.

La medida fue comunicada de manera directa a los pacientes a través de un correo electrónico, en el que Colsubsidio informó que el servicio de dispensación de medicamentos se cerrará de forma definitiva para los usuarios de Nueva EPS, aclarando que solo hasta el 31 de diciembre de 2025 se mantendrá la entrega habitual en las sedes autorizadas. A partir de 2026, la continuidad de los tratamientos quedará exclusivamente en manos de la Nueva EPS, que deberá definir nuevos gestores farmacéuticos bajo la normatividad vigente.

Este anuncio se da en un contexto crítico. Nueva EPS permanece intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde el 3 de abril de 2024, luego de que se evidenciara un incremento sostenido de quejas de usuarios, graves problemas financieros y millonarias deudas con hospitales, clínicas y proveedores. En su momento, la Supersalud advirtió que la EPS no cumplía con los requisitos de patrimonio adecuado ni con el régimen especial de reservas técnicas, lo que representaba un riesgo real para la continuidad del servicio a más de 11 millones de afiliados.

En la práctica, la salida de Colsubsidio del proceso de dispensación deja en evidencia las consecuencias de una intervención estatal mal gestionada, donde las decisiones administrativas terminan trasladando la carga a los usuarios. Pacientes crónicos, personas con tratamientos de alto costo y adultos mayores enfrentan ahora un escenario de incertidumbre, sin claridad sobre quién garantizará la entrega oportuna de sus medicamentos a partir de 2026.

Aunque el Gobierno insiste en que la intervención buscaba “proteger a los usuarios”, los hechos muestran lo contrario: menos operadores, más improvisación y mayor riesgo de interrupciones en tratamientos vitales. La salud, convertida en campo de experimento ideológico, vuelve a pasar factura a quienes dependen del sistema para vivir.