Estado de salud de la sospechosa retrasa el proceso judicial internacional

Zulma Guzmán Castro, señalada por las autoridades colombianas como la principal sospechosa de suministrar talio en frambuesas que provocaron la muerte de dos menores de edad en Bogotá, continúa internada en un hospital del Reino Unido bajo un estricto protocolo de salud mental, situación que ha frenado, por ahora, su judicialización y el proceso de extradición solicitado por Colombia.

El caso, ocurrido en abril de este año, conmocionó al país luego de que se confirmara que los menores fallecieron por intoxicación con talio, una sustancia altamente tóxica. Guzmán, fundadora de la aplicación Car-B, abandonó Colombia apenas una semana después de los hechos, viajando inicialmente a Argentina y luego a otros países, hasta llegar a Inglaterra. Meses después fue localizada en situación de riesgo en el río Támesis, en Londres, lo que permitió su traslado inmediato a un centro hospitalario, donde permanece vigilada por las autoridades británicas.

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, Deisy Jaramillo, confirmó que las autoridades del Reino Unido enviaron una certificación oficial en la que se advierte que Zulma Guzmán se encuentra en un “delicado estado de salud”, razón por la cual está cobijada por un protocolo médico que impide, por el momento, que sea informada del proceso de extradición en su contra. Según explicó la funcionaria, esta condición médica limita cualquier actuación judicial inmediata.

Por su parte, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, precisó que, conforme a la legislación británica, la señalada no ha sido capturada formalmente, ya que se encuentra hospitalizada. Solo cuando reciba el alta médica podrá ser puesta a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en la imputación de cargos y el trámite de extradición. Sarabia también reveló que la ubicación de Guzmán fue posible gracias al avanzado sistema de cámaras de seguridad de Londres, que permitió rastrear sus movimientos tras abandonar Colombia.

Expertos en derecho internacional advierten que el proceso de extradición puede tardar hasta seis meses o más, dependiendo de la evolución clínica de la señalada y del cumplimiento de los trámites administrativos y judiciales exigidos por el Reino Unido. Como alternativa, existe la figura de la deportación, pero esta solo puede ser iniciada por las autoridades británicas y también podría extenderse durante varios meses, dejando en suspenso la respuesta judicial que esperan las familias de las víctimas en Colombia.