Petro busca saltarse al Congreso y convertir la Constituyente en plataforma electoral

Sigue retumbando en Colombia la peligrosa insistencia del presidente Gustavo Petro en convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que, lejos de responder a una demanda ciudadana real, aparece como un atajo político para imponer reformas que el Congreso de la República le ha rechazado de manera reiterada. Aunque el mandatario asegura que este proceso no interferirá con las elecciones de 2026, los hechos muestran lo contrario: el comité promotor recogerá firmas en plena campaña legislativa y presidencial, convirtiendo la Constituyente en un instrumento de agitación política y polarización electoral.

El propio Petro ha reconocido que el objetivo central de la Constituyente es aprobar reformas que fracasaron en el trámite democrático ordinario. Entre ellas, la reforma a la salud —hundida por falta de consensos—, la reforma pensional —hoy bajo revisión de la Corte Constitucional—, además de cambios estructurales en el código minero, los servicios públicos, la educación, la justicia, el sistema electoral y hasta el manejo de la inteligencia artificial. En otras palabras, el presidente pretende reescribir las reglas del juego porque el Congreso, legítimamente elegido, no le aprobó su agenda ideológica.

A esto se suma una narrativa populista peligrosa: Petro insiste en presentar la Constituyente como la expresión del “poder constituyente del pueblo”, enfrentándolo a un supuesto bloqueo institucional. Sin embargo, analistas y constitucionalistas advierten que este discurso busca profundizar la división política y consolidar una lógica amigo-enemigo, en la que quien no respalda al Gobierno es señalado como parte de una élite corrupta. No es casual que esta propuesta resurja en un momento marcado por baja ejecución presupuestal, escándalos de corrupción, problemas fiscales y una creciente crisis de gobernabilidad.

Aunque el presidente afirma que la Constituyente no se hará en época electoral, incluso sus propios cálculos se desmoronan. La recolección de firmas coincidirá con las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y con el periodo de inscripción de candidaturas presidenciales. Para expertos, esto confirma que la iniciativa no busca realmente cambiar la Constitución, sino convertirse en una plataforma de campaña para el Pacto Histórico, movilizando a su base política y tensionando aún más el clima democrático del país.

El riesgo de fondo es institucional. Una Constituyente promovida desde el Ejecutivo, sin consensos amplios y con claros fines electorales, abre la puerta a un debilitamiento de la separación de poderes y a un retroceso democrático. Como han advertido distintos juristas, cuando un presidente intenta cambiar la Constitución porque esta le impide gobernar como quiere, el problema no es la Carta Política, sino el talante autoritario del gobernante.