EL PIROBO conoció el documento con el que el Gobierno Petro busca justificar una Asamblea Nacional Constituyente que amenaza la autonomía institucional, la democracia y el equilibrio de poderes en Colombia.

El Gobierno de Gustavo Petro volvió a encender las alarmas institucionales al inscribir ante la Registraduría Nacional un comité promotor para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una idea que el propio presidente prometió no impulsar y que ahora revive en medio del fracaso de sus reformas, el desgaste de su gobierno y la cercanía de las elecciones de 2026. Lejos de tratarse de una iniciativa ciudadana espontánea, el proceso aparece impulsado desde el corazón del Ejecutivo y respaldado por ministros, recursos estatales y un discurso que busca justificar el cambio constitucional como respuesta a un supuesto “bloqueo institucional”.

El documento conocido por El Pirobo, de 36 páginas, deja en evidencia que no se trata de ajustes menores ni de una modernización puntual de la Carta Política de 1991. El texto plantea transformaciones estructurales que afectarían directamente los pilares del Estado colombiano, entre ellos la autonomía del Banco de la República, uno de los principales diques contra el populismo fiscal y monetario, y la creación de un tribunal constitucional autónomo que reemplazaría o desdibujaría el papel de la Corte Constitucional. En términos prácticos, esto significaría concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos que hoy limitan las decisiones presidenciales.

El argumento central del petrismo para justificar esta Constituyente es el mismo que ha repetido durante todo el mandato: que el Congreso no aprueba sus reformas y que existe una supuesta omisión legislativa que impide garantizar derechos fundamentales. Sin embargo, ese razonamiento desconoce deliberadamente que el sistema democrático se basa en la separación de poderes y en la deliberación, no en la imposición. Cuando un presidente pretende cambiar la Constitución porque no logra mayorías, lo que está en crisis no es el orden institucional, sino su capacidad de gobernar dentro de las reglas.

El proceso que propone el Gobierno, además, enfrenta enormes obstáculos jurídicos y políticos. Para avanzar, requeriría la aprobación de una ley en el Congreso, el control automático de la Corte Constitucional y una votación popular con un umbral cercano a los 13 millones de votos favorables. Aun así, el Ejecutivo insiste en empujar la idea como una bandera política, consciente de que los tiempos hacen prácticamente inviable que una Constituyente se materialice antes del fin del mandato. Por eso, distintos constitucionalistas coinciden en que el verdadero objetivo no es jurídico, sino electoral: convertir la Constituyente en un eje de campaña para movilizar a las bases del Pacto Histórico y mantener vigente el discurso de confrontación institucional.

El peligro de esta estrategia no es menor. La historia latinoamericana muestra que los procesos constituyentes promovidos desde el poder, sin consensos amplios y con fines de concentración política, terminan erosionando la democracia. Quitarle independencia al Banco de la República, reconfigurar el sistema de justicia y debilitar los controles no es una agenda de derechos, sino un libreto autoritario. Como lo han advertido expertos, cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque esta no le permite hacer lo que desea, lo que debe cambiar no es la Constitución, sino el presidente.

La insistencia de Petro en una Constituyente confirma una tendencia preocupante: gobernar a punta de amenazas institucionales, decretos excepcionales y discursos que desacreditan a las demás ramas del poder. Colombia no enfrenta una crisis constitucional; enfrenta un proyecto político que ve en la Constitución un obstáculo y no un límite. La democracia colombiana, construida con dificultad desde 1991, no necesita ser refundada por un gobierno que no logró gobernar con equilibrio, sino defendida frente a quienes buscan moldearla a su conveniencia ideológica.