Ministerio de Hacienda dejó sin honorarios a más de 5.000 contratistas de la Defensoría del Pueblo

Más de 5.160 contratistas y defensores públicos de la Defensoría del Pueblo terminarán el año sin recibir el pago de sus honorarios, una situación que deja en evidencia el profundo desorden fiscal y administrativo del Gobierno de Gustavo Petro. La propia defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reconoció públicamente que los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones no fueron girados oportunamente por el Ministerio de Hacienda, pese a que los contratos estaban debidamente suscritos, ejecutados y contemplados dentro del presupuesto de la entidad.

La denuncia se conoció luego de que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia alertara sobre el incumplimiento en el pago de honorarios a los defensores públicos, quienes prestan un servicio esencial para garantizar el acceso a la justicia de miles de ciudadanos, especialmente población vulnerable. En respuesta, la defensora explicó que la entidad agotó todas las gestiones posibles ante el Ministerio de Hacienda para obtener los recursos, pero que finalmente estos no fueron desembolsados, dejando a miles de trabajadores sin ingresos en plena temporada decembrina.

Marín Ortiz detalló que incluso sostuvo comunicaciones directas con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para advertir sobre las consecuencias institucionales y humanas del retraso en los pagos. Sin embargo, fue solo en diciembre cuando la Defensoría recibió la notificación de que no habría recursos disponibles, a pesar de que estos estaban asignados en la Ley de Presupuesto General de la Nación y comprometidos a través de contratos de prestación de servicios ya cumplidos por los contratistas.

La situación se enmarca en el manejo del Programa Anual de Caja (PAC), mecanismo mediante el cual la Dirección del Tesoro Nacional distribuye los recursos disponibles para atender las obligaciones del Estado. El pasado 18 de diciembre se filtró un correo del PAC dirigido a varias entidades públicas, en el que se informaba que los pagos correspondientes a noviembre se realizarían con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que los compromisos de diciembre serían trasladados a enero de 2026. Aunque el Ministerio de Hacienda intentó restarle gravedad al mensaje, argumentando que se trata de una práctica habitual, lo cierto es que el contexto fiscal actual hace que esta decisión tenga efectos devastadores para miles de trabajadores.

Las cifras de la caja estatal confirman la magnitud del problema. El pasado 5 de diciembre, la caja del Gobierno cayó a 1,4 billones de pesos, el nivel más bajo registrado en la historia reciente. Ante esta situación, el Ejecutivo optó por restringir el PAC y aplazar el pago de múltiples obligaciones, trasladando de facto compromisos de 2025 al presupuesto de 2026. Esta maniobra contable, lejos de ser un asunto técnico, se traduce en familias sin ingresos, contratos incumplidos y un deterioro acelerado de la confianza en el Estado.

El caso de la Defensoría del Pueblo resulta especialmente grave, dado que se trata de una entidad cuya misión es la protección de los derechos fundamentales. Que sus propios contratistas queden sin pago por falta de liquidez estatal evidencia una contradicción profunda entre el discurso del Gobierno Petro y su capacidad real de gestión. Mientras el Ejecutivo habla de justicia social y defensa de los más vulnerables, miles de trabajadores del sector público enfrentan incertidumbre económica por decisiones fiscales erráticas.

Este episodio se suma a una cadena de alertas sobre la administración económica del país: baja ejecución presupuestal, creciente endeudamiento, uso discrecional del PAC y aplazamiento sistemático de obligaciones contractuales. Para los más de 5.000 contratistas afectados, el cierre del año no llega con promesas ideológicas ni discursos grandilocuentes, sino con cuentas impagas y la sensación de que el Estado, una vez más, incumple a quienes sostienen su funcionamiento diario.