Verónica Alcocer volvió a Colombia tras varias semanas en Suecia, en un contexto marcado por investigaciones judiciales, cuestionamientos sobre su estilo de vida y restricciones derivadas de su inclusión en la Lista Clinton.

Semanas después de que medios suecos revelaran detalles sobre su permanencia en Estocolmo, este martes se confirmó el regreso a Colombia de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro. Su llegada al país se produjo de manera discreta y, según fuentes oficiales, requirió gestiones desde la Casa de Nariño, en un contexto complejo marcado por su inclusión en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que ha generado limitaciones en sus movimientos y relaciones financieras en el exterior.

El propio presidente Petro se había referido públicamente a las dificultades para el retorno de Alcocer. El pasado 21 de noviembre, afirmó que su esposa no podía regresar al país debido a lo que calificó como una “ignominia” contra su Gobierno. Aunque la pareja se encuentra separada, continúan legalmente casados. Finalmente, Alcocer logró volver a Colombia para pasar la temporada decembrina y fue vista esta semana en la Casa de Nariño, donde habría saludado a antiguos colaboradores.

La permanencia prolongada de la primera dama en Suecia reavivó el debate sobre su estilo de vida en Europa y el origen de los recursos que le permitieron moverse en uno de los entornos más costosos del continente. Fotografías y reportes periodísticos la ubicaron en restaurantes, clubes privados y eventos exclusivos en Estocolmo. El escrutinio se intensificó cuando se conoció que la Fiscalía colombiana abrió una investigación preliminar por presunto lavado de activos y fraude.

Uno de los episodios que más atención generó fue su aparición junto al empresario colombo-catalán Manuel Grau Pujadas, con quien fue vista en el casco antiguo de Estocolmo. Según el diario Expressen, Alcocer evitó dar declaraciones y Grau intervino para impedir que se tomaran fotografías. Grau ha sido identificado como parte de un grupo de empresarios catalanes cercanos tanto a la primera dama como al presidente Petro, algunos de los cuales han recibido nacionalización exprés y contratos durante este Gobierno.

Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se ha reiterado que Alcocer no es funcionaria pública, no recibe ingresos del Estado ni tiene derecho a viáticos nacionales o internacionales. La entidad aseguró que su rol se limita a actividades protocolarias y sociales, y que el único apoyo estatal que recibe corresponde al esquema de seguridad. Precisamente por no tratarse de un cargo público, el Dapre indicó que no está obligado a revelar información sobre el origen o el monto de los recursos utilizados por la primera dama en sus desplazamientos internacionales.