Las mandatarias del Chocó, Meta y Valle del Cauca lidian con el recrudecimiento de la violencia en sus territorios, en un contexto de economías ilegales, limitaciones presupuestales y tensiones con el Gobierno Nacional.

De las 32 gobernaciones del país, solo siete están lideradas por mujeres, y al menos tres de ellas han tenido que enfrentar de manera directa el recrudecimiento de la violencia en sus territorios. Nubia Carolina Córdoba en el Chocó, Rafaela Cortés en el Meta y Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca han asumido la tarea de contener el avance de los grupos criminales en medio de una limitada capacidad fiscal, un escenario nacional adverso y, según coinciden, una insuficiente implicación del Gobierno Nacional.

Las tres mandatarias gobiernan departamentos golpeados por el crecimiento de las economías ilegales y por un aumento sostenido de delitos de alto impacto. Según cifras del Ministerio de Defensa, los secuestros se incrementaron en un 118 % con corte a octubre, mientras que la extorsión, en ascenso desde 2020, superó los 10.000 casos en el último año, consolidándose como una de las principales fuentes de financiación de las estructuras criminales. A esto se suman ataques a la población civil en zonas rurales y acciones armadas que mantienen en alerta permanente a la Fuerza Pública.

En el Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha advertido que el control de los ríos, la minería ilegal y las rutas del narcotráfico han intensificado el enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el ELN, lo que ha derivado en al menos nueve paros armados en los últimos 18 meses. A este panorama se suman las afectaciones por las olas invernales, configurando lo que la mandataria ha descrito como “emergencias traslapadas” que exigen decisiones estructurales, inversión en desminado y una respuesta estatal más contundente.

En el Meta, Rafaela Cortés gobierna uno de los territorios más extensos del país, corredor estratégico para las disidencias de las Farc y una de las regiones con mayor presencia de narcocultivos. Aunque la presencia del Ejército y las medidas internas han permitido mitigar algunos focos de violencia, municipios como Granada y zonas rurales de La Macarena siguen siendo críticos por la extorsión, las asonadas contra la Fuerza Pública y la persistencia de economías ilícitas. Cortés ha planteado, incluso, la implementación de una tasa de seguridad como mecanismo para fortalecer la capacidad tecnológica y operativa del departamento.

En el Valle del Cauca, la situación ha sido particularmente compleja. Dilian Francisca Toro, la gobernadora con mayor experiencia entre las tres y una de las figuras más influyentes de la política regional en las últimas décadas, ha tenido que enfrentar el accionar de estructuras armadas como la disidencia Jaime Martínez, señalada por las autoridades como responsable de ataques terroristas, incluido el atentado contra la Escuela Militar de Aviación en Cali. Jamundí, uno de los municipios más afectados, se ha convertido en un laboratorio de nuevas amenazas como los ataques con drones, pese a la instalación de inhibidores desde 2024.

Toro ha sido enfática en señalar que, aunque existe coordinación con el Ministerio de Defensa, la articulación con el Gobierno Nacional no ha sido suficiente para cerrar las brechas de capacidad de la Fuerza Pública. Desde el Valle se han financiado, con recursos propios y a través de la tasa de seguridad implementada en una de sus administraciones anteriores, insumos clave como logística, transporte, tecnología e incluso sistemas antidrones. Esta medida, criticada por sectores políticos y por el propio presidente Gustavo Petro, es defendida por la mandataria como una herramienta fundamental para garantizar recursos estables en la lucha contra la criminalidad.

Más allá de la coyuntura de seguridad, Dilian Francisca Toro representa un liderazgo con trayectoria, que abrió camino a las mujeres en la política regional y nacional, y que hoy también encarna una postura firme frente a la violencia política y la misoginia. En un entorno donde las gobernadoras enfrentan no solo a los grupos armados sino también ataques políticos y cuestionamientos constantes, Toro ha insistido en concentrarse en la gestión y en la defensa de la institucionalidad, marcando distancia de las disputas partidistas que han intentado trasladarse al terreno de la seguridad.

Las tres gobernadoras coinciden en que la respuesta a la crisis no puede recaer únicamente en los esfuerzos regionales. Reclaman inversión, fortalecimiento de la inteligencia, tecnología antidrones y una presencia más decidida del Estado central en los territorios. Sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro se suman a las de otros mandatarios departamentales que señalan una desconexión entre la Casa de Nariño y las realidades locales.

En el ecuador de sus mandatos y con la mirada puesta en el cierre de sus administraciones en 2027, Córdoba, Cortés y Toro enfrentan un reto común: contener la violencia, proteger a la población civil y sostener el control territorial en un contexto nacional adverso. En ese escenario, el liderazgo femenino en las regiones no solo se ha convertido en un factor de resistencia, sino también en un llamado directo a que la seguridad deje de ser un discurso y se traduzca en acciones concretas.