La Embajada de Colombia en Nicaragua se pronunció tras la aparición pública de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, en un evento cultural realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Una nueva controversia sacude la política exterior colombiana tras conocerse que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue visto bailando en un evento público en Nicaragua. La aparición se dio durante la denominada ‘Noche Vallenata Colombia’, realizada el jueves 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

El evento, de entrada libre, fue presentado como una actividad cultural para promover el patrimonio musical colombiano. Sin embargo, la asistencia de González —quien cuenta con circular roja de Interpol y recientemente recibió asilo del régimen de Daniel Ortega— generó fuertes cuestionamientos sobre el rol de la Cancillería y la Embajada de Colombia en ese país.

Ante la polémica, la Embajada de Colombia en Nicaragua emitió un comunicado en el que negó cualquier responsabilidad en la organización o financiación de la actividad. Según la misión diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores “no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento”, y su intervención se limitó exclusivamente a la promoción del mismo entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en Nicaragua.

En relación con la presencia del exfuncionario, la Embajada aseguró que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de sus funcionarios hacia Carlos Ramón González. Asimismo, argumentó que no tenía jurisdicción ni autoridad dentro del Teatro Nacional Rubén Darío para impedir el ingreso de ningún ciudadano, al tratarse de un recinto bajo soberanía nicaragüense y de un evento de carácter público.

No obstante, la explicación oficial dejó abiertas varias preguntas sobre la logística, la financiación y la responsabilidad institucional, especialmente porque el teatro ha sido utilizado de manera recurrente por la Embajada para actividades culturales durante el último año. Tras la controversia, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria para establecer si hubo participación de funcionarios de la Cancillería en la organización del evento.

El procurador Gregorio Eljach señaló que se busca determinar quiénes estuvieron presentes, quién realizó las invitaciones y quién dio la orden para la realización de la actividad, aclarando que, desde el punto de vista jurídico, los espacios diplomáticos son considerados extensión del territorio colombiano. La investigación avanza mientras el Gobierno intenta marcar distancia frente a un episodio que volvió a poner en el centro del debate la relación del Estado con exfuncionarios requeridos por la justicia.