La Procuraduría formuló cargos contra el ministro de Salud y varios exfuncionarios del Gobierno Petro por presuntas irregularidades en la puesta en marcha del nuevo modelo de atención médica para los docentes.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros del país. La decisión también involucra a tres exministros del Gobierno de Gustavo Petro: Aurora Vergara, exministra de Educación; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo.

El proceso disciplinario se extiende además a directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a representantes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Entre los citados se encuentran Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, así como Magda Lorena Giraldo, Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, estos dos últimos en calidad de representantes de Fecode en el órgano directivo del fondo.

Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades se habrían presentado durante la transición e implementación del nuevo modelo de salud del Magisterio, que entró en operación el 1 de mayo de 2024. Desde entonces, la Procuraduría identificó múltiples fallas administrativas y contractuales, entre ellas la aprobación tardía del manual de contratación, la ausencia de negociación previa de tarifas, la contratación extemporánea de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y ambigüedades en la definición de la entidad encargada de realizar la auditoría y los giros de los recursos.

Para el ente de control, estas deficiencias habrían afectado la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a los docentes y a sus beneficiarios, generando un aumento significativo de quejas y reclamos por parte de los usuarios del sistema. Las dificultades incluyeron demoras en la asignación de citas, problemas en la entrega de medicamentos y retrasos en los pagos a los prestadores de servicios de salud.

Como consecuencia de estos hallazgos, la Superintendencia Nacional de Salud intervino y aplicó medidas cautelares al Fomag y a la Fiduprevisora en mayo de 2024. Posteriormente, en septiembre del mismo año, la Supersalud ordenó una medida de cesación provisional por tres meses, con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2025. Esta decisión se sustentó en los resultados de seis auditorías realizadas entre 2024 y 2025, que evidenciaron incumplimientos persistentes en la operación del modelo.

La investigación disciplinaria de la Procuraduría busca ahora individualizar responsabilidades por las decisiones adoptadas durante la transición del sistema, en un proceso que involucró a varias entidades del Estado y que tuvo impacto directo en la atención en salud de miles de docentes en todo el país.